EscucharLa mañana del 22 de julio, funcionarios del acueducto de Higuito de Desamparados, en un recorrido para hacer labores de mapeo, encontraron entre 10 y 15 paquetes y recipientes de agroquímicos, los cuales fueron presuntamente vertidos en la captación de una naciente que abastece de agua potable a las comunidades de Copalchí de Cartago e Higuito de San Miguel de Desamparados.
Ante la posibilidad de un grave riesgo para los consumidores, acertadamente estos funcionarios avisaron de inmediato a las autoridades del Ministerio de Salud, quienes dieron la orden de suspender de inmediato el suministro de agua a la población, con lo que se vieron afectadas unas 8.000 personas. La orden de suspender el servicio de inmediato merece un especial reconocimiento al funcionario que la implementó.
El AyA descartó la contaminación, los tanques fueron desinfectados y el servició quedó restablecido dos días después.
Debe reconocerse la rápida acción de las autoridades para intervenir en la situación y el restablecimiento del suministro de agua. La pregunta es si efectivamente se atendió como se debía o si esta intervención fue producto de la improvisación.
¿Estamos en Costa Rica preparados para enfrentar situaciones de sabotaje en los sistemas de agua potable? Definitivamente, no; pero es un buen momento para empezar a crear conciencia y prepararnos para diseñar protocolos de atención.
La humanidad ha experimentado a lo largo de su historia eventos como el ocurrido aquí; algunos han sido catastróficos y han cobrado muchas vidas. Este caso afortunadamente no ha sido así, pero no se debe pasar por alto y debemos realizar una reflexión profunda.
Protocolo necesario. Para minimizar los riesgos de atentados en sistemas de agua potable se sugiere considerar un programa de prevención: las fuentes de agua que abastecen acueductos rurales y urbanos no se encuentran protegidas como debieran. Es necesario establecer zonas de protección absolutas, es decir, que los sitios de captación se encuentren cercados y con medidas de seguridad apropiadas para evitar el ingreso de personas ajenas al servicio. También es indispensable el establecimiento de zonas de protección contra la contaminación. Hoy en día es posible determinar esas zonas de determinadas fuentes, ya sean manantiales o pozos de extracción de agua.
Se propone que cada ente operativo de un acueducto pueda contar con un estudio hidrogeológico de sus fuentes para determinar el área de protección. La actual ley de aguas, del año 1942, establece que “se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio…”; tal criterio no obedece a las leyes de la ciencia y la técnica disponibles hoy en día.
Además se propone implementar un sistema de vigilancia, tanto de las instalaciones como de la calidad del agua de consumo. Estas acciones deben ser permanentes y debe contarse con un protocolo de acción.
Algo que señala la ausencia de un protocolo es: ¿por qué se analizaron 432 parámetros si en el sitio se encontró evidencia de recipientes vacíos, los cuales en apariencia indicaban el tipo de agroquímico utilizado? Además había evidencia de polvo en estado original. ¿No era más práctico identificar primero estas sustancias y luego ordenar su análisis en el agua? ¿Cuál fue el criterio para tomar solamente dos muestras en cada acueducto? ¿Es suficiente evidencia el hecho de que tales muestras diesen negativo para ordenar el restablecimiento del servicio?
Probablemente, el AyA ha considerado una serie de aspectos que las noticias no han indicado; sin embargo, creo oportuno señalar que existen herramientas que pueden ayudar a predecir el comportamiento de un contaminante en un acueducto. Tal es el caso del software denominado Epanet, el cual es de dominio público, desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), el cual permite realizar una simulación hidráulica del sistema (acueducto) y modelar el comportamiento de sustancias contaminantes en la red, de manera que sería posible determinar el tiempo de viaje del contaminante, la concentración del mismo, las reacciones químicas, etc., todo ello a lo largo del tiempo. También es importante considerar que las sustancias agroquímicas tienen características muy diferentes entre sí; su toxicidad y los efectos adversos en la salud pueden ser muy variados; algunos pueden ser sistémicos y otros pueden presentarse en forma aguda, mientras que en otros casos sus efectos pueden ser prolongados y notarse en forma tardía.
La eliminación total del riesgo de contaminación es prácticamente imposible. La meta debe ser reducirlo al máximo y tener mecanismos de respuesta rápida si llegara a concretarse. Se debe destinar recursos a la prevención de amenazas y accidentes y estos deben corresponder a la magnitud del riesgo.
¿Terrorismo? Como parte del protocolo propuesto, las amenazas y las acciones sospechosas se deben reportar a las autoridades competentes. Debe implementarse un programa de educación de los consumidores, de manera que estén alertas ante la posibilidad de la contaminación deliberada y sepan responder apropiadamente.
De haberse consumado este atroz atentado, suponía el envenenamiento de una fuente de agua que abastece a unas 8.000 personas. ¿Será posible que la mente perversa de estos inescrupulosos supusiera el daño directo de esta población? ¿Habrán hecho el cálculo de cuántas muertes o daños irreversibles a la salud hubiesen podido causar? Si estos delincuentes consideraron tales posibilidades, ciertamente estamos ante un hecho estrictamente terrorista.
El terrorismo es un acto de violencia con el propósito de infundir terror. Las víctimas de la violencia son generalmente elegidas al azar, o lo que llaman “blancos de oportunidad”, y por lo general son usadas como generadores de un mensaje. No quisiéramos que lo sucedido el pasado 22 de julio corresponda a un acto planificado por un grupo organizado que tenga propósitos oscuros. Les corresponde a las autoridades investigar a fondo este hecho y dilucidar ante la ciudadanía lo ocurrido.
