EscucharPara combatir la corrupción en un sistema democrático, los ciudadanos esperan que los funcionarios actúen de forma imparcial en el momento de tomar decisiones. De lo contrario, como afirma el abogado Roberto de Michele, se debilita la confianza en la democracia y sus instituciones y se erosiona la credibilidad en las decisiones públicas y el Estado mismo.
La ciudadanía, en su condición de mandante de los funcionarios y la administración, espera que estos tomen las decisiones correctas y consideren para ello los diversos intereses en juego sobre los que tienen que regular o tomarlas, sin buscar ventajas personales y sin que exista la apariencia de que fue así.
La actuación de los funcionarios tiene que basarse rigurosamente en estándares de transparencia, diligencia e integridad, con el propósito de que se preserve el interés general.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Costa Rica forma parte, existe un conflicto de intereses cuando un funcionario con influencia cede indebidamente en la ejecución de sus deberes y responsabilidades en procura del beneficio personal.
La regulación se convierte en el mejor mecanismo para atemperar la tensión entre la conveniencia personal —sea económica, política o de cualquier otro tipo— y el bienestar público. Los tres componentes centrales para la moderación son el marco legal, el órgano de aplicación y las declaraciones juradas o patrimoniales, que se encuentran relacionados entre sí.
A su vez, estos ingredientes, según De Michele y su colega Nicolás Dassen, tienen que incluir otros elementos básicos que garanticen la eficacia.
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Sistemas perversos
Una política de prevención de conflictos exitosa debe equilibrar los aspectos de técnica legal con los diseños institucionales adecuados; además, la política debe desarrollarse gradualmente en conjunto con otras iniciativas necesarias para un combate integral contra la corrupción, por ejemplo, poner coto a las puertas giratorias.
Las élites económicas, los directivos, los propietarios, los ejecutivos de empresas privadas primarias, los industriales y los altos cargos en compañías de servicios y bancario-financieros, así como los dirigentes gremiales, inciden decisivamente con sus acciones en el proceso de acumulación de capital.
Una acción es la captura de las decisiones estatales a su favor. Los mecanismos más conocidos son el lobby (cabildeo) empresarial individual o corporativo para representar los intereses privados ante las autoridades públicas; otro mecanismo es la puerta giratoria o el traslado de personas que desempeñaron altos cargos en el sector público y privado en diversos momentos de sus trayectorias laborales.
La puerta giratoria se activa en tres direcciones: de entrada, del sector privado al público; de salida, del sector público al privado; y puerta giratoria recurrente entre ambos sectores alternativamente.
En Costa Rica, a lo largo de los años y en varios gobiernos, incluido el actual, y en la Asamblea Legislativa, son evidentes casos notables de personajes en las tres direcciones, por ejemplo, en el ámbitos de la regulación financiera, en los gremios y en las empresas en general.
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Corrupción pública y privada
Por otra parte, los emblemáticos escándalos de corrupción pública y privada que abarcan los casos Cochinilla y Diamante pusieron de relieve la penetración del fenómeno de los conflictos de intereses en los gobiernos locales.
La captura de la decisión estatal por medio del lobby empresarial y la puerta giratoria conllevan la pérdida de la autonomía del Estado a la hora de formular y ejecutar políticas públicas en procura del interés general.
Trabajos recientes de la OCDE, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Transparencia Internacional documentan numerosas actuaciones donde se producen conflictos de intereses derivados de la puerta giratoria y el cabildeo empresarial.
Para moderar estas prácticas y sus efectos adversos sobre la calidad de la democracia y la acción estatal en pro de los derechos humanos, la socióloga Ana Castellani recomienda los ejes propuestos por la OCDE, el PNUD y TI: establecer períodos de enfriamiento previos y posteriores a todo cargo privado y público, promulgar estrictos códigos de ética, fortalecer los órganos de control y su autonomía e imponer sanciones al incumplimiento en la función pública.
En definitiva, en nuestro país es preciso acometer la regulación estricta de la presión empresarial y la costumbre de echar mano al recurso de las puertas giratorias.
La autora es politóloga.
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Las puertas giratorias y el cabildeo deben regularse. (Shutterstock)
