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La Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, presentada el viernes por la Procuraduría de la Ética Pública, la Asociación Costa Rica Íntegra y otras 17 instituciones públicas y privadas, parece elaborada para el momento, pero comenzó a gestarse hace año y medio.
Es una verdad de Perogrullo, pero la estrategia urgía tanto entonces como ahora que los medios de comunicación están atiborrados de noticias sobre el caso Cochinilla, las visitas de personajes vinculados con el narcotráfico a la Asamblea Legislativa y la posible influencia del crimen organizado en las municipalidades.
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El documento clama por la adopción de un marco general para la identificación de riesgos de corrupción en los procesos de contratación administrativa y una gestión de compras públicas menos vulnerable al soborno. Un paso de gran valor en esa materia es la universalización del sistema integrado de compras públicas y ya no hay excusa para la resistencia de las instituciones ausentes, especialmente en vista de acontecimientos recientes en la más grande de ellas, la Caja Costarricense de Seguro Social.
Entre las 47 acciones distribuidas en los cinco ejes temáticos de la estrategia, destacan la regulación del cabildeo y las llamadas «puertas giratorias», consistentes en el paso de cargos públicos a otros de la empresa privada, relacionados con las funciones desempeñadas en el Estado. Es un tema sobre el cual La Nación viene insistiendo tanto como con la universalización del sistema de compras públicas.
En las instituciones del Estado, particularmente cuando se trata de actividades objeto de regulación prudencial, como la banca y los seguros, es necesario evitar los conflictos de intereses, pero en nuestro país no hay mayor obstáculo y a veces no hace falta una puerta giratoria porque el conflicto está planteado por diseño, como sucede con la regulación del transporte público.
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El conflicto de intereses reside en la posibilidad de que el funcionario explote, para su beneficio o el de su nuevo empleador, información privilegiada a la cual tuvo acceso en el empleo público o cuente con amistades en ese sector, capaces de conceder un trato especial a sus ofertas de bienes o servicios.
Pero la metáfora de la puerta giratoria existe para señalar el peligro del tránsito en los dos sentidos, porque el fenómeno del funcionario reclutado en la empresa privada para regular la actividad de donde viene también plantea dificultades y es muy común. En muchos casos, el giro de la puerta se completa y la persona vuelve a la empresa privada.
Primas hermanas de la puerta giratoria son las actividades de cabildeo, también poco reguladas, como señala el documento. Un ejemplo reciente son las visitas a la Asamblea Legislativa de personas vinculadas por la policía con el narcotráfico y la extensión de esas gestiones a municipalidades, bancos y otras instituciones, con mayor o menor suerte para sus promotores, pero siempre inapropiadas.
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En muchos países, la ley establece un «período de enfriamiento» para distanciar el ejercicio de las funciones públicas y privadas. Por ejemplo, se le exige al funcionario abstenerse de tratos con su antiguo empleador durante un lapso prudencial o se le prohíbe del todo trabajar en ese campo.
Los elementos señalados —transparencia en la contratación administrativa, regulación del cabildeo y también de las puertas giratorias— son apenas tres de las áreas de acción sugeridas como parte de la estrategia. No son nuevas, pero aparecen integradas a un documento apto para señalar el camino de la reforma, más allá de los clamores aislados.
