Una propuesta denominada Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, publicada este viernes, propone regular las prácticas de cabildeo y de puertas giratorias en el Estado.
Esas son dos de las medidas que propone el documento elaborado por la Procuraduría de la Ética Pública y la Asociación Costa Rica Íntegra, que trabajaron en coordinación con 17 instituciones públicas y privadas en la construcción del planteamiento.
De acuerdo con la estrategia anticorrupción, es necesario regular el lobby o cabildeo, entre otras acciones, para prevenir el tráfico de influencias y los sobornos en la gestión pública.
Por ello, propone desarrollar un proyecto de ley que obligue a las instituciones a registrar y hacer públicas las reuniones solicitadas por personas o grupos de interés “que tengan como finalidad influir en una decisión pública”.
Las entidades también estarían obligadas a divulgar “los viajes y regalos que realicen o reciban los funcionarios de las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones”.
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Asimismo, el planteamiento urge la necesidad de crear otra iniciativa legal sobre puertas giratorias.
El término “puertas giratorias” se refiere al fenómeno de personas que dejan sus puestos en el Estado para trabajar en empresas con las cuales tenían relación desde el sector público, ya sea por motivos de regulación o de contratación, por ejemplo.
Tal es el caso de un ingeniero del Estado, por ejemplo, que fiscalice los contratos públicos de una constructora y, luego, pase a laborar en esta.
La propuesta es imponer “periodos restrictivos antes de pasar del sector público al privado”.
De acuerdo con el planteamiento de estos lineamientos anticorrupción, esa regulación reduciría el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada y los conflictos de interés.
La estrategia anticorrupción fue entregada este viernes en un acto oficial a los presidentes de los tres poderes de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE): Carlos Alvarado, del Poder Ejecutivo; Silvia Hernández, de la Asamblea Legislativa; Fernando Cruz, de la Corte Suprema de Justicia; y Luis Antonio Sobrado, del órgano electoral.
La presentación de la estrategia, que se trabaja desde hace año y medio, ocurre en momentos en que la Fiscalía investiga una presunta red de corrupción para favorecer a empresas privadas en la construcción de obras públicas, conocido como Caso Cochinilla.
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Al recibir el documento, el presidente Alvarado manifestó: “Creo que las manifestaciones de la corrupción nos han golpeado recientemente como país. Golpean la moral pública, el sentimiento de la sociedad y golpean la confianza en las instituciones democráticas, que hacen a veces surgir la interrogante entre algunos ciudadanos que se indignan frente a estos hechos sobre si hay otra mejor forma de llevar los asuntos de la sociedad.
“Obviamente, quienes somos convencidos demócratas sabemos que es la democracia y sus instituciones la mejor organización para la vida pacífica de una sociedad moderna”.
Alvarado también se refirió al riesgo que supone la influencia de grupos de narcotráfico sobre los poderes del Estado.
“Siento una gran preocupación por los impactos que tiene no solo el narcotráfico, sino el dinero asociado de las actividades, la legitimación de capitales. ¿Qué pasa con ese dinero y cómo ese dinero impacta, uno, al sector privado honesto —por la competencia desleal—?. Dos, penetra distintas esferas de la administración pública en distintos niveles: municipal, en el nivel Ejecutivo, en la toma de decisiones de mandos medios.
“¿Cómo debemos proteger al Poder Judicial, al Poder Legislativo, donde se toman decisiones, el Poder Ejecutivo también?, para que no sean penetrados por esto, pero ese riesgo está allí”, aseguró.
Cinco ejes de trabajo
La estrategia anticorrupción contempla 47 acciones distribuidas en cinco ejes temáticos: gobernanza, gestión del talento humano, promoción de la participación y control ciudadano, así como gestión de riesgos de corrupción público-privada, acceso a la información de interés público y rendición de cuentas.
La meta trazada es ir ejecutando cada una de las recomendaciones a lo largo de 10 años, según señaló la Asociación Costa Rica Íntegra.
“Se optó por priorizar un conjunto reducido de temas, todos ellos cruciales, que dejarán sentadas las bases para este desarrollo en los próximos años. Como toda estrategia, debe tener la flexibilidad y contar con los mecanismos de revisión continua para ajustarse a los cambios del entorno, por lo cual no se debe ver como un producto inalterable y acabado, en especial en tiempos de incertidumbre como los actuales”, dice la propuesta.
En el ámbito de la gobernanza, por ejemplo, se establece la necesidad de definir un ente rector de la prevención de la corrupción, debido a que actualmente ningún aparato estatal realiza esa función.
En la gestión de recurso humano, se apuesta por establecer un mecanismo de reclutamiento por idoneidad de los participantes, que pueda servir como base para que todas las instituciones del sector público contraten a su nuevo personal.
También, se señala la necesidad de implementar un régimen sancionatorio de forma homogénea para todo el sector público.
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En cuanto al eje de participación ciudadana, se pretende desarrollar una política nacional de denuncias efectivas, con el propósito de que las personas puedan enterarse del avance de sus quejas o denuncias en las instituciones públicas.
Sobre la gestión de los riesgos de corrupción en la interacción público-privada, la estrategia urge la implementación del Marco General de Identificación de Riesgos de Posibles Actos de Corrupción en Procesos de Contratación Administrativa.
“Permite una gestión de las compras públicas más efectiva y apegada a sus principios generales, reduciendo la incidencia de dádivas, coimas y sobornos.
“Además, aumenta la economía en los costos de los bienes y servicios, incorpora buenas prácticas internacionales y faculta a la administración para desarrollar mejores mecanismos de control”, dice el documento.
Este mismo eje es el que señala la necesidad de aprobar leyes para regular el cabildeo y las puertas giratorias.
En tanto, en el campo de datos abiertos, se hace referencia a las propuestas para mejorar el acceso a la información de interés público y rendición de cuentas.
“Es preciso mencionar que, en cuanto a instrumentos normativos, Costa Rica es uno de los pocos países del mundo que aún no aprueba una ley de acceso a la información.
“De hecho, pese a los esfuerzos realizados desde hace más de una década y a los llamados de atención de organismos internacionales, este sigue siendo un pendiente en la Asamblea Legislativa”, advierte el documento.
Por último, en el eje de fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas, la estrategia hace énfasis en la creación de instrumentos de medición de la transparencia y de la gestión pública.
Ausencia de la Defensoría de los Habitantes
Durante el proceso de elaboración de la propuesta final participaron, entre otros, la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio Público y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), como órganos de control.
La Cámara de Comercio Internacional (ICC) representó al sector privado, mientras que de la academia participó el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica.
También acudieron los ministerios de Justicia y Paz, Planificación, Educación, Ciencia y Tecnología y Comercio Exterior, mientras que organizaciones de la sociedad civil como Abriendo Datos y Territorios Seguros también hicieron aportes.
Según señala el documento, el grupo de trabajo invitó a la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo. No obstante, informa de que la funcionaria rechazó la invitación.