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El exdirector del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Araya, insistió este martes en la necesidad de prohibir las donaciones de dinero en efectivo a los partidos políticos, para evitar la infiltración de recursos provenientes del narcotráfico y lavado de capitales.
De acuerdo con Araya, establecer la obligatoriedad de realizar esas donaciones a través de bancos, con mayores mecanismos de control, permitiría a las autoridades rastrear el origen de los recursos ante eventuales irregularidades.
“Una gran acción sería que los partidos políticos no puedan recibir donaciones en efectivo. Eso es algo muy importante, muy significativo, así como un mayor control sobre las donaciones en especie, que también se pueden dar en las campañas políticas”, afirmó.
El planteamiento lo hizo el actual funcionario del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) ante los diputados de la comisión que investiga la penetración del narcotráfico en la zona sur, así como los posibles nexos de esas estructuras con actores políticos.
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Según el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), las organizaciones criminales se trazan como objetivo financiar candidatos a puestos de elección popular o estructuras completas, pues buscan obtener favores a cambio, o bien, influenciar decisiones sobre políticas públicas en su beneficio.
“Es uno de los principales objetivos del crimen organizado. Tener aliados en el poder, entorpecer proyectos o regulaciones, generar toda esa influencia. Con eso se garantiza tener una persona que cumpla las expectativas ya cuando está en el poder”, manifestó Román Chavarría, encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.
Durante su comparecencia ante ese mismo foro, el pasado 1.° de junio, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado, también recomendó la bancarización de las donaciones.
Incluso, de acuerdo con el letrado del órgano electoral, Andrei Cambronero, en la última reunión de los presidentes de los poderes del Estado, celebrada en mayo anterior, el Tribunal presentó una iniciativa en esa vía.
“Una de las propuestas que hizo llegar el Tribunal Supremo de Elecciones a la Presidencia de la República fue la de tratar de modificar varios artículos en el Código Electoral, de forma tal que toda donación que supere dos salarios base sevdeba hacer a través del sistema bancario nacional”, afirmó Cambronero.
Sin embargo, los diputados aún no discuten una propuesta con ese propósito.
Reglas electorales
El exdirector del ICD también urgió al Tribunal a contemplar las posibles repercusiones en la lucha contra la legitimación de capitales, al momento de actualizar las reglas electorales.
Al respecto, Guillermo Araya recordó su crítica contra la decisión tomada en el 2017 por ese órgano electoral, que permitió a los partidos políticos cobrar sus gastos con facturas no timbradas.
Antes de esa resolución, se exigían documentos visados, es decir, autorizados por el Ministerio de Hacienda, lo que a su vez permitía controlar el pago de impuestos.
Además de propiciar la evasión, según él, también se abrió un portillo para que dinero ilícito penetrara en las campañas políticas.
“En su momento vimos un debilitamiento al aseguramiento del pago de impuestos, porque cualquier documento era válido para la liquidación, pero también se abrió un portillo para que el crimen organizado legitimara sus recursos.
“Ese momento levantamos la mano. Solicitamos alguna explicación técnica de las razones, las cuales no nos fueron comunicadas, pero fuimos respetuosos de la separación de poderes”, afirmó Guillermo Araya.
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Según la versión del órgano electoral, aquel fallo obedeció a que la Constitución Política no contemplaba la obligación de presentar facturas timbradas.
“Lo que el Tribunal hizo en esa resolución de 2017 fue razonar que nuestro ordenamiento jurídico lo que necesariamente se exige es la comprobación del gasto y que esta no necesariamente requiere la factura timbrada.
“Eso sí, en esa misma resolución, el Tribunal le hizo ver a nuestro Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos que tenía que informarle a la Administración Tributaria, con una periodicidad, de esas facturas que han sido llegadas a la Administración Electoral sin que estuviesen visadas por el Ministerio de Hacienda”, afirmó Cambronero.
