La Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) gastan ¢4,6 millones mensuales para disponer de dos lobistas que se mantengan en contacto permanente con los diputados, en la Asamblea Legislativa.

La presencia de ambos funcionarios se ha hecho muy visible durante la discusión del proyecto para ordenar el empleo público, reforma que las ‘U’ procuran impedir.

Se trata de Erika Henchoz Castro y Alony Duarte Espinoza, servidores de la UCR y de la UNED, respectivamente. Tomando en cuenta las cargas sociales, ambos puestos tienen un costo mensual de ¢4,6 millones, de acuerdo con información registrada en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la CCSS.

La funcionaria de la UCR tiene un salario de casi ¢1,8 millones y el de la UNED, de más de ¢1,9 millones. Ante el Sicere, los dos están reportados en labores de enseñanza.

Henchoz es funcionaria de la Rectoría de la UCR desde el 2008. Según informó la oficina de Prensa de esta institución, ella es la encargada de dar seguimiento a los proyectos de ley que se envían a consulta al centro universitario.

Por su parte, Duarte tiene alrededor de 15 años de trabajar como enlace de la UNED en la Asamblea, dando asesoría a la Rectoría, explicó Rodrigo Arias, actual rector.

Recientemente, los lobistas tuvieron un papel preponderante cuando los rectores de las universidades públicas le pidieron al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, una reunión de urgencia con los jefes de las fracciones legislativas, para plantearles su oposición al proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

El hecho ocurrió el 4 de febrero, justo antes de que el proyecto 21.336 entrara a la discusión final de mociones de fondo, en la Comisión de Gobierno y Administración.

Precisamente ese día, Alony Duarte tomó la palabra para solicitarle a Cruickshank una reunión informal con los jefes de bancada.

La reforma al empleo público propone crear un salario global en el sector estatal, el cual eliminaría los pluses que generan grandes brechas en los sueldos de los funcionarios y disparan el gasto anual en remuneraciones.

Durante la discusión del proyecto, las cúpulas universitarias distribuyeron mociones para cambiar el texto, algunas de las cuales fueron aprobadas.

Entre estas, figura la moción que excluyó a las universidades públicas de las regulaciones de la reforma, permitiéndoles regirse por sus propias normas y autogobierno en materia salarial.

En mayo del 2014, el entonces rector de esa universidad, Luis Guillermo Carpio Malavasi, felicitó públicamente al lobista por su apoyo en el Congreso. Así lo hizo en el discurso que pronunció cuando dejó la presidencia del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

“De forma muy especial resalto la labor del señor Alony Duarte, funcionario de la UNED destacado en la Asamblea Legislativa, por el trabajo de coordinación con el Congreso de la República, quien elaboró la estrategia y trabajo minucioso y de coordinación con las señoras y señores diputados”, dijo Carpio.

El actual rector, Rodrigo Arias, opinó sobre la labor de su subalterno destacado en Cuesta de Moras: “Cabildero propiamente no; es como un enlace para estar pendiente de los proyectos y mantener buenas relaciones con el Congreso”.

Se intentó conocer la versión de Gustavo Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica; sin embargo, no contestó a las llamadas de La Nación.

Seguimiento cercano

Los cabilderos universitarios le han dado seguimiento al trámite de la reforma al empleo público en la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración.

Uno de los testigos de la labor de los lobistas de las universidades es el diputado Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien fue el presidente de la comisión que investigó el uso que las casas de enseñanza le daban al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Según Jiménez, los cabildearlos se presentaban especialmente cuando se debían tomar decisiones.

“El cabildeo de las universidades públicas es fuerte, es intenso. Yo recibo a menudo de cuatro a cinco comunicados y publicaciones semanales por parte de este funcionario destacado de la UNED, Alony Duarte”.

“Con Erika Henchoz sí hubo contacto en el marco de la comisión que instalamos para revisar el FEES; ellos también son muy activos en sus redes sociales y también me frecuentaban cuando se trataba del funcionamiento de la comisión y de acuerdos”, comentó Jiménez.

Asimismo, explicó que últimamente el funcionario de la UNED es quien más le comparte información, pero dice desconocer si esta situación se repite con sus compañeros legisladores.

Entran como periodistas

Anteriormente, era permitido el ingreso de particulares a la Asamblea Legislativa, como los lobistas, sin mayor restricción. Sin embargo, las condiciones han cambiado.

Antonio Ayales, director ejecutivo del Congreso , explicó que hoy solamente pueden ingresar al nuevo edificio funcionarios legislativos, prensa o particulares a quienes los diputados les tramiten un permiso especial.

Los dos cabilderos de las universidades ingresan con identificaciones de prensa, según indicaron las oficinas de Prensa y Seguridad de la Asamblea.

Henchoz es periodista colegiada, por lo que fue acreditada por la Rectoría de la UCR para cubrir el quehacer parlamentario desde el 2013.

“El ingreso y permanencia a la Barra de Prensa tanto del recinto parlamentario como de las salas de comisiones, es exclusivo de las señoras y señores periodistas, respetando las medidas sanitarias por la covid-19″, explicó la Asamblea sobre los ingresos al recinto.

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