Sabía usted, estimado lector, que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) la componen unas 120 instituciones, secretarías, consejos, institutos, foros, centros, comisiones, comités, bancos y otros nombres que la creatividad tropical es capaz de imaginar, para que miles de “funcionarios” beban de la ubre prodigiosa que proveen los presupuestos nacionales de ocho países, bastante pobres, por cierto.
Los euros —dignos de mejor causa— salen de las manos de incautos contribuyentes europeos, a quienes se les vende la peregrina idea de que acá estamos creando una idílica “unión centroamericana”, a imagen y semejanza de la de ellos.
De tal prole institucional, el común de los mortales no conocemos ni sus nombres, a menos que los busquemos en Google o Wikipedia, y de seguro no están todos. Algunos, en los que por fortuna no está Costa Rica, a menudo nos colman de vergüenza propia y ajena, como ese nido de asiduos de la Interpol llamado Parlamento Centroamericano (Parlacén) o la Corte Centroamericana de Justicia.
El jefe de Redacción de La Nación, Armando Mayorga, en su columna del 16 de diciembre, trajo a colación la “vida de reyes” que gozan los representantes de Gobiernos, nombrados a dedo, en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que cuestan a los países miembro, es decir, a los contribuyentes centroamericanos, cerca de $221.000 al mes, solamente en salarios porque, aparte, reciben un bono a mitad de año, beneficio social, subsidio familiar, bono por resultados y aporte al fondo de retiro; desde luego, también autos, choferes, secretarias, viáticos y viajes.
Sobre lo ganado no tienen el deber de tributar, ni dar ningún tipo de explicaciones a nadie por sus jugosos ingresos. Y, para alguien malpensado, hasta donde sé, esos funcionarios no han sido asesorados por nuestros creativos sindicatos del sector público: aprendieron solitos.
A principios de la década pasada, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) solicitó a todas esas instituciones el nombre y salario de la totalidad de los funcionarios adscritos al SICA, solo por curiosidad.
Años después, seguían esperando el dato, y algunas incluso se dieron la libertad de regañar al Sieca por entrometida. Recordemos que su objetivo principal es alcanzar el desarrollo económico y social, equitativo y sostenible de los países centroamericanos, no mantener a unos cuantos tagarotes que pertenecen a las élites más recalcitrantes de Centroamérica.
En algunos de esos comités, los integrantes no cobran un salario definido, pero sí suculentos viáticos y, especialmente, viajes a los lugares más exóticos que se les puedan ocurrir para celebrar un foro o un seminario.
Otros comités existen para simplemente obtener ciertas granjerías, como pasaportes diplomáticos, exoneraciones fiscales, etc. Como solo un limitadísimo y privilegiado sector sabe de su existencia, los elegidos pasan décadas en dichos cargos, a veces ignorando disposiciones internas que establecen periodicidad de los nombramientos, información que solo ellos conocen.
Entre los beneficiados han estado ministros, viceministros, catedráticos y excatedráticos... y nadie percibe resultados.
Costa Rica debe ser consciente de lo que pasa en el sistema, puesto que le cuesta millones de dólares anuales, y tomar la decisión de retirarse por lo menos del 80 % de esos elefantes blancos; además, debería ejercer una estrecha supervisión presupuestaria.
Las sumas se esconden en cualquier presupuesto, cuya existencia de la partida solo conocen el que la registra y el que la cobra. Creo incluso que es un asunto que la Contraloría General de la República debe investigar.
El autor es politólogo.
