EscucharEl personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asestó varios golpes al crimen organizado, que, por su trascendencia dentro de la vorágine de violencia que carcome a nuestra sociedad, no deben pasar desapercibidos.
La información de los medios, en enero, acerca del secuestro extorsivo de un empresario de apellido Angulo, dueño de una cadena de gimnasios, liberado en Sarapiquí casi una semana después, me hizo recordar, con gran preocupación, hechos similares en la historia reciente, que evidencian que la llamada industria del secuestro toca a nuestras puertas.
Posteriormente, a comienzos de julio, fue liberado un empresario de apellido Gurdián, tras el pago de una considerable suma de dinero en bitcoins al grupo que lo retuvo durante casi 74 horas, desde el 27 de junio.
Como era previsible, los casos fueron manejados por las autoridades judiciales y provocaron preocupación en el sector empresarial, pues presagian una seguidilla, ya que esta modalidad delictiva está presente en países vecinos, con resultados como pérdida de vidas y otras afectaciones.
Sabemos que el crimen organizado incursiona no solo en el narcotráfico, sino también, como si fuera una megaempresa con diversidad de operaciones, en el secuestro, que más daños produce desde el punto de vista material, psicológico, emocional y moral, tanto a la víctima como a su familia.
El OIJ llevó a cabo una investigación técnico-científica que condujo —en menos de una semana de haber sido liberada la segunda víctima— a la desarticulación del grupo presuntamente responsable de los secuestros y a frustrarle un tercero, que se encontraba, como se dice en derecho penal, en la fase de ideación.
Este éxito investigativo denota el profesionalismo y la seriedad con que el OIJ contiene la problemática del secuestro extorsivo y lo que, a mi juicio es importante resaltar, el cortísimo plazo en que se logra la identificación, el seguimiento, reunir pruebas y capturar a los presuntos responsables, reacción que origina un fuerte efecto disuasorio en otros delincuentes que pretendan incursionar en la actividad.
El asesinato de Miurrell Jazmín Torres Rankin, el 20 de junio, mientras recibía lecciones en un centro educativo de Tortuguero, fue grabado, aparentemente, por el homicida, un acto que conmocionó al país. Nuevamente, surgieron sentimientos de impotencia y frustración en vista de la frialdad con que se le quita la vida a otra persona, incluso frente a menores de edad.
Pero en tiempo récord, casi dos semanas, la Policía Judicial detuvo al supuesto autor, de apellido Torres, quien utiliza el alias del Ángel de la Muerte, y a un amigo que también era buscado por su posible vinculación y responsabilidad en otros homicidios en Limón.
Estaban ocultos en una vivienda alquilada en Turrialba, que por poco queda en escombros porque vecinos furiosos, como reacción a la criminalidad, trataron de quemarla. La pronta captura envía un mensaje: mientras exista la Policía Judicial no habrá impunidad.
La multiplicidad de hechos delincuenciales graves, que mantienen al país sumido en la peor crisis de seguridad en su historia, la falta de entrega del gobierno de recursos económicos para infraestructura y equipamiento, que varias leyes otorgan al Ministerio de Seguridad Pública, al OIJ y al Ministerio de Justicia, no detiene el esfuerzo de la Policía por desarticular las principales estructuras responsables de la persistente agresión a la sociedad.
Para ilustrar lo anterior, basta con citar la detención del presunto líder de una organización que opera en Puntarenas, conocido como el Gordo Daniel.
La investigación no tiende tanto al decomiso de grandes cantidades de drogas, sino a la desarticulación de estas organizaciones y la confiscación de los bienes, producto de sus acciones. Recordemos que la finalidad del crimen organizado es el enriquecimiento.
Puedo referirme a otros casos exitosos del OIJ que reflejan lo valioso que es contar con una policía de investigación criminal y que no deben pasar desapercibidos ante la sociedad.
El OIJ fue creado en 1973 como ente auxiliar de los tribunales penales y del Ministerio Público con el fin de garantizar la imparcialidad, honestidad y objetividad en las investigaciones criminales; es una garantía para la institucionalidad y no está sujeto a vaivenes políticos.
Lejos de debilitarlo dándole un trato igual a lo que es distinto —pues su naturaleza no es como la de cualquier otra institución pública—, privándolo de recursos financieros dispuestos por ley, que le impiden invertir en mayores y mejores tecnologías para la investigación criminal, o sometiéndolo a la regla fiscal o a la Ley Marco de Empleo Público, que causa la fuga de talento humano, debemos apoyarlo y fortalecerlo.
Este es nuestro deber como sociedad y del Poder Ejecutivo, si el objetivo común es combatir el crimen organizado en todas sus formas.
El OIJ —una de las mejores policías de investigación criminal de Latinoamérica— está por cumplir 50 años; lamentablemente, tiene amarras y es víctima de oscuros intereses que le dificultan actuar, por lo que hoy más que nunca debemos cerrar filas en su entorno.
El autor es abogado.
