EscucharLa banda de presuntos secuestradores, desmantelada el pasado 5 de julio por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ya había escogido la casa donde iban a retener a su próxima víctima.
Según informó el OIJ, ante consultas de La Nación, los agentes solo cuentan con “una leve descripción de una casa, de forma genérica”.
Parte de la investigación es averiguar cuál iba a ser el siguiente objetivo del grupo, luego de que se les vinculara con el secuestro del dueño de gimnasios Jorge Angulo, ocurrido el 4 de enero; así como el del presidente de Agrosuperior, Jaime Gurdián, el martes 27 de junio.
Randall Zúñiga, director general interino del OIJ, explicó que en ambos secuestros los sospechosos habrían interceptado a las víctimas para llevarlas a un lugar de custodia, desde donde solicitaban el dinero por los rescates.
“Durante la investigación de ese secuestro, en la parte resolutiva, este mismo grupo empieza a hablar de un tercer secuestro, un ‘tercer toque’, como le llaman ellos. Con las detenciones de este grupo en específico, ya se detendría la ola de secuestros. Fueron dos y, probablemente, iban a hacer un tercero”, confirmó Zúñiga el día de los allanamientos.
Sobre Gurdíán, la Policía Judicial detalló que lo tenían “en un sitio de cautiverio”, donde le daban sus medicinas y comida.
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Al parecer, parte de los sospechosos fueron a una casa en Jacó a celebrar el éxito de su último secuestro, ocurrido apenas la semana anterior del operativo. Durante esas vacaciones fueron detenidos los hombres de apellidos Madrigal Calvo (31 años), Granados Granados (42), Ulate Garro (41) y Leiva Ríos (22).
Los otros allanamientos fueron en Grecia, Cartago, Alajuela, Curridabat, Heredia y Desamparados. En estos quedaron bajo arresto cinco hombres de apellidos Picado Torres (34), Jiménez Sibaja (26), Acevedo Carmona (40), Vargas Miranda (25) y Brenes Arce (30), así como una mujer apellidada Vargas Arce (38).
Entre los capturados se encuentran tanto los ejecutores del secuestro como los líderes o instigadores del grupo delictivo, quienes se dedicaban a negociar el rescate. Uno de ellos es un ingeniero con conocimientos en criptomonedas, ya que exigían el pago del rescate en bitcoin.
La operación la ejecutó la Unidad de Secuestros de la sección de Delitos Varios del OIJ, en colaboración con la Oficina de Planes y Operaciones (OPO). En total, participaron 200 oficiales y 70 vehículos.
Los agentes decomisaron teléfonos móviles, computadoras personales, ¢5 millones en efectivo y $4.000. También encontraron una caja fuerte en uno de los puntos allanados, pero el OIJ aseguró que la misma “no contenía elementos de interés para el caso concreto”. De igual forma se indicó que no se le decomisaron armas de fuego a esta agrupación.
Fiscalía apelará medidas
Un día después del arresto inició la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea. En dicha audiencia, se les impuso seis meses de prisión preventiva a Madrigal, Granados, Ulate, Leiva, Picado, Vargas y Jiménez. Acevedo y Brenes quedaron libres pero con otras medidas, mientras que Vargas Miranda quedó libre sin ninguna medida.
En cuanto a la mujer, de apellidos Vargas Arce, la Fiscalía había señalado que se requerían otras pesquisas como por ejemplo la apertura de sus teléfonos celulares, para fortalecer las pruebas en su contra y por eso había solicitado medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva; sin embargo, el Juzgado no lo consideró así y ordenó su detención por seis meses que descuenta en el Centro de Ateción Institucional Vilma Curling.
El Ministerio Público adelantó que apelará las medidas adoptadas para los liberados, pero aún no hay fecha para la audiencia de apelación.
Tras la captura de los sospechosos, los jerarcas policiales señalaron que la investigación del caso Angulo facilitó la pesquisa en el nuevo secuestro.
Sobre la repartición del dinero obtenido con los delitos, al parecer el equipo de inteligencia de la agrupación habría obtenido más ingresos que los perpetradores, pero fueron estos últimos quienes se evidenciaron al comprar motos, ropa y pagar hospedajes turísticos rápidamente.
Los montos pagados por familiares y amigos de las víctimas no trascendieron. Ante consultas de La Nación, el Ministerio Público respondió que “no se referirá a asuntos relacionados con el dinero del secuestro extorsivo que se investiga”.
Para el OIJ el modo de operar en este secuestro fue similar al de otros casos atendidos en los últimos años y la única particularidad era la división de roles en dos áreas específicas, la financiera que se encargaba de los cobros y negociaciones y la operativa, que se encargaba de capturar a la víctima y tenerlo en un sitio específico, así como liberarlo cuando se obtuviera el pago exigido.
