Lo que no dice don Elías

Bien sabe don Elías que mis acciones lo desmienten. No se puede obviar que esta diputada no tuvo ninguna objeción para que se rechazara la propuesta presentada por mi partido desde abril de 2010 y en trabajar en la propuesta presentada, meses después, por la exministra Ávila, con tal de no politizar la discusión de un tema tan delicado como este. Tampoco se puede soslayar mi arduo trabajo para corregir y consensuar cambios, que a la postre produjeron el dictamen unánime de Comisión; pero no obstruir un proceso no es un cheque en blanco, ni impide la construcción de una ley que de verdad garantice la salud, bienestar y dignidad de las y los participantes.

Omite asuntos don Elías en su artículo sobre el fondo de mis observaciones y pone en mi boca otras que no he dicho. No dice que el conflicto de interés en el Conis no solo se puede dar si este tiene a cargo la aprobación de protocolos. Se puede dar al momento de acreditar los CEC, a los investigadores o al momento de resolver conflictos; que la normativa internacional no obliga a una integración específica para los CEC, solo pide que las legislaciones eviten el conflicto de interés; que lo que he propuesto son mecanismos de coordinación entre la UCR y el Conis, nunca eximir de controles a las universidades, propuesta que nace del artículo 345 inciso 11 de la Ley General de Salud, que establece que se deben dar esos mecanismos de coordinación entre estas instituciones, entre otras cosas, para “la investigación médica clínica terapéutica y científica en seres humanos”; que es la UCR la que plantea que se le está cercenando su presupuesto de investigación; que es la Contraloría General de la República, la que pide que al Conis no se le exima de la aplicación de la Ley de Administración Financiera; que el fondo creado en el artículo 57 es compartido con cinco objetivos más; que los participantes en un experimento no tendrán derecho a recibir gratis la medicina si esta sale a la venta; que el Conis y los CEC serán financiados por las compañías farmacéuticas a través del cobro por aprobaciones y registro de protocolos, lo cual pondrá a estos órganos ante la disyuntiva de aprobar para financiarse o no aprobar y desaparecer por falta de recursos; que el proyecto pondrá a los CEC a competir por protocolos y recursos con base en bajas tarifas y criterios blandos, ya que las instituciones no están obligadas a tener un CEC, sino que pueden comprar los servicios de cualquier otro existente; que el proyecto abre el país al mercado de los estudios de bioequivalencia con seres humanos, sin que esto se justifique en el interés público, ya que la CCSS ha venido garantizando la calidad de sus medicamentos por otros medios y no dice que en nuestro país ha sido la CCSS y no los experimentos médicos, la que ha garantizado el acceso a los medicamentos a toda la población, por lo que la ausencia de esta ley no atenta contra el derecho de ningún paciente a gozar de los avances de la ciencia.

Mi actitud responsable le incomoda a un pequeño grupo de empresarios quienes se lucran con la experimentación en seres humanos, desde que les abrieron las puertas de la CCSS mediante la firma de cuestionados convenios. A estos lo único que les interesa es un proyecto de ley que les autorice a volver a encender los motores de sus empresas de zona franca cuanto antes. Mi despacho queda abierto para que usted pueda evacuar sus dudas, más consecuente con una posición constructiva, como lo han hecho otros, antes que salir por los cercos de la prensa a descalificarme sin fundamento.