La investigación epidemiológica, básica y clínica en el sector salud es fundamental para mejorar la prevención, el tratamiento y las intervenciones eficaces en diversas enfermedades que afectan al ser humano. Los países de mayor desarrollo entienden que la investigación representa un bien de extraordinario valor para el progreso médico y social de las colectividades humanas.
España lanzó una formidable iniciativa dirigida al fomento de la investigación en virtud de la cual inyectará el 2% del PIB a esta actividad, cifra que ya se acerca a lo que Estados Unidos invierte en este rubro (2,68% del PIB). Mientras esto sucede, en nuestros países los aportes del Estado a la investigación son escasos: Costa Rica en el año 2008 tenía una inversión en Ciencia y Tecnología de tan solo un 0,40% del PIB por debajo de países como Chile (0,75%), Brasil (1,09%), Argentina (0.52%), Uruguay (0,64%) o Cuba (0,49%).
En Costa Rica, la investigación que desarrollan las universidades o institutos estatales supera en número a la investigación que se desarrolla a nivel privado; esto, a pesar de que ambas son fundamentales para el desarrollo del país, la generación de conocimiento y la salud. Solo una minoría de estas investigaciones son estudios experimentales con medicamentos como se documentó en una revisión de publicaciones indexadas (menos del 10%).
Sin embargo, no se puede negar que ambos sectores, público y privado, se han visto afectados desde enero 2010 cuando la Sala Constitucional dispuso prohibir en el país nuevas investigaciones hasta tanto no se emitiera una ley que regulara la materia. A la fecha, transcurridos más de veinte meses sin dictarse la ley, los investigadores cos- tarricenses no podemos desarrollar estudios clínicos con medicamentos novedosos o con medicamentos que están ya disponibles en el mercado nacional y cuyo comportamiento, seguridad y respuesta terapéutica en población costarricense es trascendental analizar, adicionando estudios costo/beneficio que ayuden a tomar decisiones basadas en evidencia científica.
Rezago. Lastimosamente, por falta de una ley, Costa Rica se rezaga cada vez más en este campo, no obstante el encomiable esfuerzo realizado por la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa durante aquellos largos meses de intenso trabajo, que dieron como fruto un dictamen unánime sobre el proyecto tramitado en la Asamblea según el expediente 17.777.
Este proyecto supera los estándares establecidos a nivel internacional (avalados también por la Organización Mundial de la Salud), y es nuestro parecer que, luego de su discusión y modificaciones pertinentes en el plenario por parte de los señores diputados, pronto podría lograrse el objetivo que todos perseguimos: que Costa Rica cuente con una ley de avanzada en este campo.
Previo al voto de la Sala Constitucional, Costa Rica era un participante activo en los procesos de investigación llevados a cabo en todo el mundo de beneficio a la salud. Solo en el área pediátrica, el país logró demostrar cómo la hidratación oral era importantísima en el tratamiento de la deshidratación de niños por diarrea.
Los estudios realizados en Costa Rica también ayudaron a que se aprobaran nuevos antibióticos para el manejo de niños con meningitis bacteriana y fue visionaria en el uso de esteroides en el tratamiento de estos pacientes; además, médicos costarricenses participaron activamente en el desarrollo de protocolos clínicos para curar a niños con leucemia y han colaborado muy de cerca en el desarrollo de nuevas vacunas contra diferentes enfermedades.
El sector salud costarricense cuenta con la experiencia y la solidez para ser partícipe de estos proyectos de investigación diseñados y elaborados en el país con personal nacional altamente calificado; de aquí nuestra solicitud a los señores diputados para que, sin más demora y para no desmerecer el prestigio logrado por Costa Rica en este campo de la ciencia y la salud, se dispongan a agotar la discusión, se voten las mociones pendientes y muy pronto aprueben la ley de investigaciones biomédicas.