«Tenemos la deuda histórica de llevar las mismas oportunidades y disminuir las desigualdades entre las distintas regiones. No podemos dejar atrás ningún territorio ni a ninguna persona», afirmó el presidente, Carlos Alvarado, en su discurso del primer año de gobierno.
Para atender el compromiso designó a personas de su confianza como «responsables de la gestión política para revertir la situación económica y social» en esos lugares.
Con el discurso y el nombramiento de sus más cercanos colaboradores, Alvarado generó grandes expectativas, pero veinte meses después la deuda sigue sin saldarse.
En esa ocasión consideré un error asignar la tarea a los vicepresidentes, al entonces ministro Rodolfo Piza y a la ministra Victoria Hernández, puesto que ya tenían a su cargo complejas responsabilidades, en algunos casos definidas en la ley, lo cual les hacía imposible dedicar todo su esfuerzo a la atención de las regiones.
A la primera dama se le encargó la región Chorotega, pero su empeño estaba centrado en la modernización del transporte público, concretamente en el proyecto del tren eléctrico para la Gran Área Metropolitana.
Como alternativa sugerí el nombramiento de un ministro sin cartera o un comisionado presidencial dedicado exclusivamente a la elaboración y ejecución de un plan integral para el desarrollo de esas regiones (vea «La buena voluntad no basta», La Nación 6/5/2019).
Propuesta insuficiente. La lista de algunas obras enumeradas por el presidente para promover «la reactivación económica y la generación de empleo con visión territorial y gestión multisectorial» ya anunciaba un pobre diagnóstico de la dimensión real de la problemática de las zonas periféricas y poco conocimiento de las acciones necesarias para enfrentarlas.
Se trataba de planes, algunos de ellos programados y en desarrollo desde hacía varios años, que tenían una dinámica propia y que para su ejecución no necesitaban una gestión especial o el acompañamiento o padrinazgo de las personalidades designadas.
Además, aunque varios tendrán un impacto positivo en su respectiva región, son insuficientes para reactivar la economía y generar el empleo requerido para disminuir los altos índices de pobreza imperantes.
El presidente no mencionó en el discurso ni anunció posteriormente ninguna iniciativa nueva y mucho menos un solo proyecto de gran envergadura, lo que hace prever que la deuda no será saldada en los restantes dieciséis meses de la administración.
Desidia estatal. Los graves problemas de esas regiones son producto de la negligencia de las instituciones del Estado para formular planes y programas favorecedores del desarrollo, y de su incapacidad para concretar más inversión pública en infraestructura, educación y salud, de manera que permita promover y captar fondos privados para dinamizar la economía, generar empleos y reducir la pobreza.
La postración económica es la causa de casi todos los problemas que sufren estas regiones y la falta de oportunidades de trabajo (las tasas de desempleo son las más altas del país) constituye el problema más agudo, porque engendra indeseables y devastadores flagelos, como la pobreza, la desnutrición infantil, la prostitución y la drogadicción en los jóvenes.
Las consecuencias de la pandemia son devastadoras para estas zonas; agravó los problemas y sumió a la mayoría de los habitantes en la incertidumbre y la desesperanza, especialmente a los muchachos.
Creo conveniente que el presidente Alvarado se compenetre y se identifique con las necesidades de las regiones periféricas, que reconsidere y reformule su estrategia para la atención de tan compleja problemática y que asuma una actitud proactiva para generar iniciativas y proyectos que realmente potencien el desarrollo económico y social.
Con la certeza de que ya no tiene tiempo para saldar la deuda, sería oportuno que con un cambio de estrategia y de metas por lo menos al final de su gobierno tenga la satisfacción de haber realizado un pequeño aporte.
El autor es exembajador.