En los últimos meses, el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la administración descentralizada y todas las instituciones públicas se han visto limitadas presupuestariamente debido al límite del gasto público.
El Estado se enfrenta a la escasez de recursos para pagar planillas y adquirir los bienes y servicios necesarios para alcanzar los objetivos señalados en las leyes orgánicas y constitutivas de las instituciones.
Es por la falta de dinero que la mayor parte de la estrategia del Poder Ejecutivo se ha concentrado en reducir pluses y pensiones, y en readecuar las convenciones colectivas.
En este esfuerzo, la Asamblea Legislativa ha desempeñado un papel fundamental al reformar una serie de normativas y dar una correcta interpretación a leyes que, de otra manera, continuarían contribuyendo a la crisis económica.
La Asamblea Legislativa ha sido particularmente activa en lo concerniente a la contratación administrativa. Mediante la iniciativa de varios diputados de distintas fracciones, y especialmente con el aporte de las legisladoras Silvia Hernández y Karine Niño, se han ventilado una gran cantidad de vicios y abusos de procedimiento en la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, pero, sobre todo, se ha puesto al Estado en control de los procedimientos y no en control de los oferentes.
Se nos ha escapado un elemento crucial en el proceso de mejoramiento de las regulaciones de la contratación administrativa, y es la fijación de los precios por las proveedurías, con base en parámetros objetivos y generales para toda la Administración Pública.
El primer defecto es la resistencia de la mayoría de las instituciones a utilizar el Sistema de Compras Públicas (Sicop), plataforma con la que se pretende uniformar las adquisiciones estandarizando los procesos licitatorios para promover las buenas prácticas y la pureza del proceso.
En segundo lugar, cabe señalar que no es posible entender por qué un mismo bien tiene precios diferentes en varias instituciones y no exista verificación de la Contraloría General de la República.
No es fácil entender que una computadora cueste un 50 % más en una institución autónoma que una con las mismas características adquirida por el Ministerio de Educación Pública, o que un metro cuadrado de asfalto en una municipalidad cueste un 100 % más que en el gobierno local vecino en la misma provincia.
No es posible discutir una reforma fiscal de manera integral sin tener en cuenta que los recursos del Estado para adquirir bienes y servicios deben ser bien administrados y celosamente resguardados.
Debemos apoyar los esfuerzos tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, y solo nos queda la opción de mejorar y ser más eficientes. ¡La fiesta terminó!
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El autor es abogado.
