Escuchar“No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”, es una frase que se le atribuye al escritor francés Voltaire, aunque nunca la pronunció, pero ha servido para defender la libertad de expresión como base de toda sociedad democrática.
El Proyecto de ley marco para prevenir y sancionar todas las formas de discriminación, racismo e intolerancia, expediente 20174, es contrario a ese principio.
La propuesta opta de manera peligrosa por la intervención del derecho penal, que es la expresión última del poder punitivo del Estado.
Mediante reformas al Código Penal establece sancionar con prisión de seis meses a dos años a aquellas personas que “discriminen” de cualquier modo por motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad, expresión del género, religión, origen étnico racional, identidad, cultura, condición migratoria, entre otras. Y fija el mismo castigo para personas que formen parte de una organización inspirada en “ideas o teorías discriminatorias”.
No hay duda de que discriminar es absolutamente reprobable y debe promoverse la cultura de la tolerancia y el respeto por medio de la educación, pero el camino que sigue esta ley para lograrlo es alarmante.
Innecesaria. La iniciativa, por lo demás, es innecesaria porque las conductas señaladas son descalificadas en nuestra Constitución Política y en instrumentos básicos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Según la Sala Constitucional, son conductas contrarias a la dignidad y van en contra del valor de la persona humana e igualdad de los derechos.
Lo más peligroso es que sacrifica la libertad de expresión al castigar con cárcel a todos aquellos quienes “discriminen” de cualquier manera. Los tipos penales propuestos son sumamente amplios e indeterminados y le otorgan un margen amplio al juez penal para dictaminar cuando, a su parecer, una conducta es discriminatoria. El informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa sobre este proyecto comparte la misma preocupación.
Por otra parte, crea un consejo nacional y una junta rectora a cargo de la aprobación de la política nacional en contra de la discriminación, los cuales tendrán una serie de prerrogativas en esta materia. Asimismo, las instituciones deberán aprobar reglamentos en esta línea.
Por medio de semejante marco normativo, el Estado democrático arriesga convertirse en un Estado adoctrinador, utilizando la ley como un vehículo para imponer a la fuerza su propia ideología y dictar lo que debe entenderse por “discriminatorio”. Terminará diciendo lo que tenemos que pensar o, aún peor, los ciudadanos dejarán de externar sus opiniones para evitar una pena (doctrina del efecto del desaliento de los derechos fundamentales).
Debate con ideas. En una democracia, se aceptan pensamientos contrarios, aunque a otros les cueste aceptarlos. La Corte Europea de Derechos Humanos señala que la libertad de expresión no comprende solo “las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existen una sociedad democrática”.
Por supuesto, ningún derecho es ilimitado y existen afirmaciones que no deben ser permitidas. La frontera, sin embargo, está marcada por el discurso de odio que comprende aquellas manifestaciones que verdaderamente inciten a la violencia.
El expediente 20174 tiene una definición que sobrepasa el concepto del discurso del odio, y, si cae en manos de un juzgador imprudente, se constituye en una amenaza para nuestra democracia.
Es imperativo que las ideas y las expresiones negativas sean combatidas, pero con mejores argumentos, con mejores ideas, con diálogo, en libertad. No debe imponerse cárcel por el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de asociación.
La opresión nunca convive con la libertad. El proyecto de ley propone el camino de la opresión. Que Costa Rica sea siempre el lugar donde se puede dialogar y disuadir con ideas, no un régimen que castiga por pensar diferente.
El autor es egresado de la carrera de Derecho.
