EscucharCuando leo o escucho decir al presidente que una de sus prioridades es la generación de puestos de trabajo y más empresas, me pregunto si alguien del Poder Ejecutivo ha pasado, sin morir en el intento, por el gran reto de tener su propio negocio.
Hace unos siete años, renuncié a mi trabajo para ejercer de forma liberal la ingeniería civil. Analicé mi decisión mientras combinaba mis responsabilidades en una empresa privada y, luego, en la función pública. Al principio, me dediqué a la labor de perita valuadora.
Después, vino la oportunidad de ofrecer servicios al Estado. Se me han adjudicado varios proyectos mediante contrataciones directas o licitaciones. Sin embargo, hay ocasiones cuando ni otros colegas ni yo alcanzamos el máximo puntaje, y un incontable número de veces hemos desistido al empezar a leer el cartel de licitación.
Es tarea casi imposible siquiera participar en ciertos procesos de contratación administrativa por las condiciones tan peculiares impuestas por algunas instituciones, incluidas las municipalidades. Los requisitos parecen estar diseñados para desestimular al micro y pequeño empresario.
Garantía de participación. Según la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, la institución pública licitante puede —no necesariamente debe— solicitar al interesado una suma de dinero por el solo hecho de presentar la oferta para que sea evaluada; obtenga el contrato o no.
Si bien es cierto que se trata de una “especie de protección” a fin de asegurar el interés y cumplimiento de quienes concursamos, es un obstáculo cuando la garantía de participación, para contrataciones directas, se fija entre los ¢700.000 y ¢1 millón cuando el presupuesto de la obra sea de, cuando menos, ¢35 millones.
Al competir en licitaciones abreviadas, las garantías pueden llegar a los ¢4 millones, tal es el caso del Ministerio de Educación y el Instituto de Desarrollo Rural.
Ha habido momentos en que nos hemos enfrentado a la decisión de no presentar una oferta más porque no tenemos dinero para depositar la garantía de participación.
Pago después de finalizar. Otra traba es el pago al contratista 30 o 45 días después de entregadas las obras. Pese a que es posible el pago fraccionado durante el avance del proyecto, son muy pocas —bastante pocas, diría yo— las instituciones dispuestas a hacerlo de esa manera más conveniente para nosotros. En consecuencia, para vender bienes y servicios al Estado, el pequeño empresario debe contar con capital para financiar la obras según el monto adjudicado.
Alguien podría pensar que para eso está el financiamiento. Y, ciertamente, no existe otra manera. Pero tampoco es tan cierto que los créditos para pymes o del Sistema de Banca para el Desarrollo sean accesibles.
También exigen garantías hipotecarias, y muy probablemente quienes tengamos una propiedad, ya esta esté más que comprometida con algún banco. En otras palabras: no hay nada para hipotecar.
Recurrimos, entonces, a otro tipo de financiamiento (gracias, papi; gracias, mami), lo cual significa una carga nada despreciable en el costo final del proyecto.
Adelanto del IVA. Para peores, a partir de enero, empresas o personas a las cuales se nos adjudique un contrato estatal tendremos que financiarles el IVA a las instituciones que no estén exentas porque el impuesto debe ser pagado a Tributación a más tardar el último día del mes siguiente después de la confección de la factura —de crédito o contado—, y las instituciones pueden pagar, al amparo de la ley, 45 días después de entregado el cobro, siempre y cuando las obras hayan sido recibidas satisfactoriamente.
El Poder Ejecutivo no promueve políticas que incentiven la participación de empresas y profesionales con capacidades técnicas. Si lo hiciera, contribuiría a la generación de empleo y al nacimiento de más compañías como parte de las acciones dirigidas a reactivar la economía de la que tanto escuchamos hablar al presidente.
Probablemente, no hay en el Poder Ejecutivo un funcionario plenamente consciente de estas vicisitudes, pues para quien ha sido burócrata la mayor parte de su vida le son ajenos los retos del sector privado, sobre todo de los micro y pequeños empresarios.
¿Posibles soluciones? Considerar con los ministros y presidencias ejecutivas la eliminación de las garantías de participación, promover una política interna en los departamentos de proveeduría del pago conforme avancen las obras, no hasta la conclusión, y adecuar el Sistema de Banca para el Desarrollo a la Ley de Garantías Mobiliarias.
La autora es ingeniera civil.
