EscucharEl proyecto sobre recursos energéticos distribuidos, de Paola Valladares, Erwin Masís y otros diputados, representa una gran oportunidad para el país, los consumidores e incluso para las empresas distribuidoras de electricidad, si estas logran comprender su papel en la nueva economía.
Nunca antes las empresas distribuidoras de energía gozaron de generación eléctrica “gratis”. En los últimos años, entre muchos consumidores, hemos instalado más de 50 megavatios (MW) de producción a través de paneles solares que requirieron cero inversión del ICE, la CNFL y las otras empresas distribuidoras, pues los consumidores aportaron los $50 millones necesarios para esos proyectos.
Las distribuidoras puedan usar la energía “regalada”, como de hecho lo hacen, para suplir parte de la demanda nacional durante el día, ahorrando agua en sus embalses en las horas pico, cuando los paneles solares despliegan su mayor capacidad, y utilizar el agua almacenada en su infraestructura ya existente durante la noche.
Económicamente representa para las empresas tradicionales de energía eléctrica y para el país ahorros de varios miles de millones de dólares. Solo tomemos como referencia lo que no se gastó en la construcción del Diquís, $3.694 millones, lo cual deberá verse reflejado en la rebaja de las tarifas en algún momento.
Enfoque equivocado. El artículo “La generación distribuida pone en riesgo las empresas eléctricas”, del director general del Centro Nacional de Control de Energía (Cence), Salvador López (4/8/2020), se enfoca en la “injusticia” de que algunos consumidores consigan rebajar su factura al instalar paneles solares, por ejemplo, de 100 kilovatios hora (kWh) a 10 al mes, y pagan solo esos 10 a la empresa distribuidora, reduciendo los ingresos por los restantes 90.
Aduce el autor que al ser gigantes y descontrolados los gastos fijos, el costo debe incrementarse a los otros usuarios.
Mas no contempla que gracias a esto la empresa eléctrica no debe invertir en la generación de esos 90 kWh que, como demuestra la triste historia de sobrecostos en los proyectos de generación centralizada, es sumamente onerosa, ni menciona que los dueños de paneles solares cubren el acceso por generación que se paga mensualmente, así como el valor de los servicios del sistema eléctrico nacional (SEN) que efectivamente utilizan.
No es cierto que la generación particular afecta la estabilidad de la red, porque si fuera así no veríamos a las distribuidoras de energía instalando sistemas fotovoltaicos bajo una figura de alquiler de techos, como lo promueven a través de la nueva división del Grupo ICE llamada Soluciones Energéticas Renovables, que también está siendo copiada por otras distribuidoras, restando valor y bloqueando oportunidades para muchos clientes.
Bloqueo a los particulares. La pregunta es: ¿Quieren mantener su monopolio también en generación distribuida y promover otras iniciativas caras para los ya golpeados consumidores?
En el pasado intentaron, sin éxito, prohibir los servicios de llamadas internacionales que restaban ingresos al ICE.
Lo que no deberíamos promover es que algunos consumidores, apoyados en una tecnología cada día más eficiente, se independicen completamente de la red a través de paneles solares y baterías, situación que ya es posible y en pocos años será financieramente viable.
Para eso es necesario que los actores tradicionales del SEN (distribuidoras, generadores y el mismo Centro Nacional de Control de Energía, adscrito al ICE) comprendan su nuevo rol y dejen de obstaculizar y poner trabas escudándose en sus propias debilidades (como el 15 % por circuito, sin sustento técnico hasta la fecha) o desenfocándose de su función con iniciativas como la de alquiler de techos.
Comiencen a ejecutar las acciones necesarias para aprovechar, por el bien de todos, las capacidades adicionales de generación que gracias a la tecnología e inversión privada muchos costarricenses estamos poniendo a su servicio.
El autor es cofundador de la Cámara Costarricense de Generación Distribuida.
