Daniel Ulate Valenciano. 16 junio

En pleno siglo XXI, cometí el sacrilegio de asistir, sin ningún afán, a la reunión de un partido político distinto al que pertenezco.

Para un millennial es difícil entender un acto de esa naturaleza como traición. Buena parte de mi generación, la misma que el Partido Liberación Nacional (PLN) ha sido incapaz de atraer en las últimas décadas, entiende al otro como alguien a quien se respeta y comparte, aunque piense diferente.

La intención de continuar formando parte de la fracción no es un capricho, sino una lucha que debo dar para resarcir mi honor.

El mea culpa que expresé por la situación descrita no fue suficiente para los inquisidores, igual me procesaron, juzgaron y condenaron en cuestión de horas.

Algunos lozanos y añejos dirigentes me exigieron la renuncia al PLN y a la diputación. Mientras tanto, el Tribunal de Ética y Disciplina, así como mis compañeros de fracción legislativa, actuaban con una eficiencia pocas veces vista en las tiendas verdiblancas, ni siquiera, ante cuestionamientos realmente graves, se habían esmerado en resolver con semejante prontitud.

Resultado de esa efervescencia, los enemigos internos y externos del PLN se confabularon para armar un circo mediático e intentar sacarme del partido, y se me separó de la fracción legislativa.

Por ambas situaciones, presenté un amparo electoral, declarado con lugar por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el 12 de mayo.

La resolución indica que deben restituirme los derechos como militante y diputado liberacionista. Sin embargo, el 28 de mayo me vi en la obligación de informar al TSE que la fracción se niega a restablecer la totalidad de mis derechos.

El jefe de fracción, Luis Fernando Chacón Monge, comunicó a los magistrados, el 4 de junio, que se consideraba inadmisible la solicitud de ejecución de sentencia y manifestó a este medio que si yo “no comulgaba con la ideología del partido” podía declararme independiente o, de lo contrario, “la fracción podría tutelar la integridad” de mi actuar.

La sentencia es una orden jurisdiccional, dictada en materia de derechos humanos, no puede ser desoída, obstaculizada, ignorada, desatendida, eludida o, en cualquier medida, incumplida. De otro modo, la fracción legislativa del PLN estaría por encima de un fallo del TSE, con las consecuencias que eso implica para nuestro Estado constitucional de derecho.

Lamento que un grupo de diputados liberacionistas estén sentando un nefasto precedente en la historia democrática del país y dejen en evidencia un partido dividido, sin liderazgo, cuya cúpula cree que puede imponer sus criterios al sentir de las bases.

A ellos, que han manifestado su deseo de que me declare independiente o me ajuste a su mordaza, les recuerdo que mi cargo es tan legítimo como el de cada uno de quienes intentan sentirse con la autoridad moral y política para decidir el futuro de mi diputación.

La intención de continuar formando parte de la fracción no es un capricho, sino una lucha que debo dar para resarcir mi honor. Es una responsabilidad con aquellos liberacionistas que hace rato no se sienten parte de un partido irreconocible. Es una oportunidad para rescatar el modelo ideológico original, que debe y merece modernizarse para reverdecer.

El autor es diputado.