Natalia Díaz. 13 agosto

El proyecto de ley presentado por el gobierno para modificar las potestades de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) genera grandes preocupaciones.

No indica quién pagará los sobrecostos de los proyectos de inversión —los cuales han sido habituales— y las posibles grandes pérdidas debidas a los múltiples negocios nuevos a los cuales se dedicará.

Es probable que los consumidores terminemos pagando todo tipo de desaciertos mediante aumentos en los precios de los ya de por sí caros combustibles, como ocurrió a consecuencia del fracaso de la refinería china, el nuevo puerto petrolero —el cual debió haber iniciado operaciones hace cinco años y aún no se sabe cuándo lo hará—, los tanques de almacenamiento de derivados del petróleo, la propuesta de mezclar etanol con gasolina y la producción de hidrógeno, por mencionar algunos.

Los excesivos gastos de Recope formarán parte de las nuevas fuentes renovables de energía, por lo que continuarán los crecientes costos y la pérdida de competitividad, que afectaría el crecimiento económico y el bienestar social del país, lo cual, a la vez, influirá negativamente en la generación de empleo y agravará la pobreza.

Nuevas facultades. La ley actual restringe a Recope a realizar únicamente actividades “a granel”; las nuevas facultades son tan extensas que la institución podrá distribuir combustibles renovables “al detalle”, incluidas “pulperías energéticas”.

La reforma la faculta para convertirse en una gran empresa de transportes y, por tanto, comprar una amplísima flota de camiones y otros tipos de vehículos para distribuir combustibles renovables a lo largo y ancho del país. Y así una amplísima cantidad de nuevas actividades, negocios y aventuras. De esta forma, ampliaría, posiblemente, de manera significativa su ya frondosa planilla y los grandes beneficios laborales que el resto de los costarricenses no tienen.

Las huelgas promovidas por el sindicato de Recope, que siempre han pretendido paralizar al país para lograr sus objetivos contrarios al interés nacional, serían más exitosas.

Es un grave error proponer una ampliación del radio de acción comercial de la empresa, pues su potencial de extorsión sería mucho mayor que el existente en la actualidad. Todo monopolio es un riesgo en ese sentido.

Codesa energética. Si se le aprueban potestades para investigar, producir, industrializar, transportar y comercializar combustibles renovables, convertida en una Codesa energética, Costa Rica corre el riesgo de ver a Recope comprando tierras para sembrar caña de azúcar para producir etanol y sembrar jatropha, higuerilla, palma africana y otras fuentes de materia prima para producir biodiésel.

Podría convertirse en el mayor terrateniente del país y construir todas las fábricas necesarias para industrializar los combustibles, así como centros de investigación de toda índole, incluidos estudios sobre aspectos que en otros países ya se han hecho.

La autorización para aliarse con empresas privadas le permitirá instituir nuevos monopolios de hecho, públicos o público-privados. Hasta se le posibilita comprar empresas privadas financieramente quebradas, como fue el caso de Cable Visión, adquirida por el ICE.

Más poder a la Junta Directiva. El proyecto de ley elimina la necesidad de contar con la aprobación de la Contraloría General para ejecutar los planes de desarrollo del sector energía, conforme al Plan Nacional de Desarrollo, así como en materia de control.

El texto propone que Recope actúe con la simple aprobación de la Junta Directiva, responsable de todos los negocios fallidos, de los altos costos de la institución y de la aprobación de proyectos sin los estudios suficientes, como lo fue la idea del etanol que se quiso imponer a los consumidores.

En el nuevo escenario, la Contraloría no intervendría en las nuevas actividades o negocios de Recope, tampoco tendría autoridad para hacerlo cuando la refinadora pretenda suscribir alianzas estratégicas con entes públicos y privados; le bastará con el visto bueno de sus directivos.

Espero que los diputados analicen más a fondo el proyecto y lo archiven porque no le conviene al país.

La autora es exdiputada.