Varios hogares de bajos recursos dependen de los ingresos diarios para alimentarse. Son familias donde hombres y mujeres se desempeñan en el sector informal.
Los asentamientos sobrepoblados, la precaria higiene y la parálisis de la economía imposibilitan el distanciamiento social y físico.
El daño que la pandemia ha causado a la economía de nuestro país es preocupante, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), hay alrededor de un millón de trabajadores informales, es decir, un 46 % de los ocupados del país sin garantía sobre su futuro laboral.
La preponderancia del sector informal junto con la contracción económica propiciada por la pandemia tienen el potencial de causar mayores perjuicios a los comercios y a las personas cuya subsistencia depende de las ganancias que consigan día a día.
Los niveles de pobreza en los estratos más bajos aumentarán drásticamente y, a consecuencia de ello, habrá exclusión del sistema educativo y, en el peor de los escenarios, trabajo infantil.
Más personas en pobreza. Entre los daños previstos está el aumento de personas en la economía informal, lo cual incrementa también los niveles de desempleo y subempleo.
Eventualmente, las disparidades económicas van a exacerbarse y los trabajadores de la economía informal buscarán actividades en los sectores menos afectados, de manera que el desempleo friccional aumentará junto con la concentración de las exportaciones y se limitarán aún más los recursos del sector público.
Las medidas para aliviar la economía todavía dejan mucho que desear. Antes de la crisis, el país experimentaba el déficit fiscal más alto desde 1981, de manera que la capacidad del gobierno para proveer ayuda y promover políticas fiscales expansivas es limitada.
Lo anterior significa que la recuperación será relativamente lenta debido a que el gobierno deberá lidiar con tasas de interés elevadas, producto del descenso de la inversión privada.
Según Edgar Robles, catedrático de Economía de la Universidad de Costa Rica, la tasa de desempleo podría llegar al 30 % y el porcentaje de hogares pobres alcanzaría entre un 35 % y un 40 %.
Problema estructural. Los datos demuestran que en los últimos años no se promovió una estructurada agenda con el fin de crear empleos de mayor calibre y, en su lugar, se ejecutaron políticas aisladas que no han mostrado resultados significativos.
Para lograr una efectiva transición a la formalidad, el gobierno debe centrarse en incentivar a las pequeñas y medianas empresas, y a los trabajadores independientes.
El punto inicial de esta transición debe ser la reducción de los costos y de trámites para los procesos de formalización.
Varios expertos y estudios realizados indican que afiliarse a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) conlleva un valor casi inalcanzable para los trabajadores con menos ingresos. Por tanto, el aseguramiento en estos tiempos de crisis debe hacerse por horas laboradas.
Según el manual del Ministerio de Economía, una pyme debe pasar por 12 estaciones para formalizarse, cuando en realidad todas las ventanillas podrían centrarse en una sola con sistemas de información integrados y en la nube.
Está claro que medidas como estimular la educación y formación técnica, simplificar la estructura del salario mínimo y facilitar la formalización de trabajadores migrantes pueden acompañar las acciones iniciales.
El autor es estudiante universitario.