Dyalá Jiménez y Marcia González. 11 junio

Más allá de los desafíos y las preguntas que pueda generar la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y Otros Delitos, aprobada recientemente de forma unánime por la Asamblea Legislativa, nos interesa llamar la atención sobre algunos alcances de ese hecho legislativo.

Es destacable la madurez de la Asamblea Legislativa. El consenso se busca rutinariamente, lo que nos permite recuperar rápidamente grados de gobernabilidad que desde hace tiempo extrañábamos y urgíamos para enfrentar temas relevantes para el país, como la lucha contra la corrupción en todos sus extremos. Esa es la línea para alcanzar objetivos de interés público y una agenda de largo alcance, que vaya transformando a Costa Rica hacia la modernidad.

El adversario. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que el costo de la corrupción alcanza hasta un 5 % del PIB mundial ($2,6 trillones al año). En consecuencia, luchar contra este fenómeno se trata tanto de una cuestión de ética como de economía. La corrupción incrementa los gastos para hacer negocios, al imponer altos costos de transacción y distorsionar el sistema general de incentivos y el funcionamiento de los mercados; encarece la producción de bienes públicos, tan necesarios para mejorar la competitividad de un país; y afecta la legitimidad del Estado de derecho, entendido también de forma casi unánime como elemento favorecedor del crecimiento económico.

En ese sentido, esta nueva ley permitirá a las instituciones encargadas de impartir justicia perseguir y castigar a empresas que cometan delitos de corrupción, mediante la imposición de multas acordes con la magnitud y naturaleza del daño causado. Ciertamente, para hacerlo fue necesario romper paradigmas, introduciendo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de personas jurídicas, considerada como la única vía para garantizar que las sanciones por imponer fueran proporcionales y disuasorias. Este cambio de paradigma es una muestra de un derecho vivo, que evoluciona para atender las nuevas realidades sociales.

En efecto, qué duda cabe de que en nuestros tiempos complejas estructuras corporativas son usadas por algunos para encubrir actos de corrupción en perjuicio del resto de la comunidad y que es un deber del Estado atender estos retos con mecanismos novedosos y eficaces.

Modelo. Reconocemos, sin embargo, que el derecho penal no es la única vía para acabar con la corrupción; es, por el contrario, la ultima ratio, la última alternativa. Por eso, esta nueva ley propone a las empresas crear un modelo de gestión y prevención de delitos que les permita disminuir el riesgo de caer en prácticas ilícitas y, a la vez, de reducir el monto de la pena en caso de que se materialicen.

Por otra parte, esta aprobación nos ofrece evidencia de las virtudes de la adhesión de nuestro país a la OCDE: sumarnos a un alto estándar de buenas prácticas de gobierno, incluida la lucha contra formas sofisticadas de corrupción entre el Estado y agentes económicos privados. Asimismo, nos pone junto a los países más desarrollados y manda un mensaje potente a ciudadanos, a inversionistas y a la comunidad internacional.

La coyuntura nos exige herramientas fuertes y estamos dispuestos a crearlas. Además, desde hace dos años incorporamos la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales a nuestro ordenamiento jurídico y debemos cumplir con sus pautas. La OCDE nos pide rigor en muchos campos y, paso a paso, con el apoyo de un Poder Legislativo comprometido, construiremos un país más virtuoso y un Estado eficaz que camina en la línea correcta.

De esta manera, reafirmamos el compromiso de la administración Alvarado Quesada con la lucha frontal contra la corrupción en sus diferentes manifestaciones y con la construcción de una cultura de probidad que permita edificar una sociedad justa y dé oportunidades a todos.

Dyalá Jiménez Figueres: es ministra de Comercio Exterior

Marcia González Aguiluz: es ministra de Justicia y Paz