Como persona y como profesional le tengo un gran aprecio a Costa Rica y también a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Me da mucha alegría que la verdad salga a la luz y, especialmente, que una entidad como la Caja se pueda salvar, eso sí, siempre y cuando cambien sus criterios de conducción con profesionalismo en el manejo del destino de las pensiones.
Según mi experiencia internacional, es necesario un proceso de transparencia y amplia difusión de los datos y de los resultados de los estudios actuariales realizados por profesionales idóneos en la materia. A escala mundial y latinoamericana, existen problemas que se evidencian con el proceso de maduración de los sistemas de invalidez, vejez y muerte (IVM).
La gran diferencia está entre los que tienen una política activa de atender la situación actuarial del IVM a tiempo y en beneficio de todos los afiliados (cotizantes y beneficiarios) y los que llevan a cabo la técnica del “avestruz”, perjudicando al verdadero pueblo, difiriendo la contratación de estudios, demorando la ejecución de estos y generando así críticas infundadas y postergando el tratamiento de sus resultados.
Como profesional actuario y hombre de la universidad cumplo con los principios y normas de la Asociación Actuarial Internacional, atiendo a mis clientes teniendo en cuenta el interés público y las necesidades de los interesados en las instituciones de seguridad social, y con estos criterios he trabajado en numerosos países y con entidades de Latinoamérica, lo que fue la razón por la que me invitaron y tuve la suerte de haber ganado la licitación internacional para el estudio del IVM.
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Déficit. Mi informe final del estudio actuarial del IVM, presentado en julio del 2015, como es parcialmente de público conocimiento, indicaba una situación deficitaria que a esa fecha requería de ajustes paramétricos.
Por razones que no conozco, la CCSS y la nueva conducción de la Supén optaron por “rechazar” mi informe aduciendo motivos que técnicamente son inaceptables, e iniciando una campaña de prensa en mi contra, pero sin difundir oficialmente en forma íntegra mi trabajo y mis recursos, y cercenándome la posibilidad de defensa.
Han transcurrido casi 17 meses del informe que presentó la UCR, y este viene a convalidar mis resultados y opiniones técnicas, que desvirtúan las críticas recibidas.
Los asegurados y los patronos a lo largo de los años han realizado cotizaciones con vista a jubilaciones dignas, pero, lamentablemente, la reglamentación de las cotizaciones y otras fuentes de financiamiento no permiten lograr esos beneficios y, aún más, el monto del fondo acumulado no es suficiente frente a las pensiones futuras.
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El autor es actuario.