El escritor e historiador israelí Yuval Noah Harari afirma que muchas instituciones humanas no son más que un concepto ficticio, parte del contrato social. Por ejemplo, el dinero es simplemente papel sin más valor que el que se le da mentalmente.
Las instituciones gubernamentales también son estructuras mentales que existen de acuerdo con el valor y el sentido de realidad que les asignemos. La corrupción institucionalizada ilustra una estructura mental que algunos han aprendido a aceptar, pues lamentablemente ha subsistido durante generaciones.
Uno de los problemas más serios para combatir la corrupción es su normalización. Al hacerlo, nos volvemos cómplices de un sistema de prebendas y pagos ilegales, y ayudamos a que persista.
Es especialmente evidente en los gobiernos municipales, con algunas excepciones, en donde ser amigo del alcalde es la primera condición para recibir servicios de buena calidad: una acera, una calle pavimentada, una alcantarilla.
Tener un vecino que es amigo del alcalde no solamente constituye una ventaja, sino también motivo de admiración y prestigio.
Asociaciones de desarrollo hacen ingentes esfuerzos por ganar el favor del alcalde, porque saben que de eso depende el éxito de los proyectos comunitarios.
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Crimen organizado. El toma y daca normaliza la corrupción y abre las puertas al crimen organizado: el ofrecimiento de un bien a cambio del no pago de impuestos, de construir sin permiso, de construir obras caras, pero de mala calidad e incluso defectuosas.
El tiempo pasa la factura: urbanizaciones que incumplen las normas legales, alcantarillas que contaminan ríos y propiedades de los mismos vecinos, manejo inapropiado de las aguas y los desechos, puentes defectuosos, construcciones que no resistieron un sismo o una tormenta, deslaves, pérdida de vidas y propiedades.
El culpable fue la mala fortuna, haberse saltado el plan regulador o ignorado la legislación. El efecto es acumulativo, y lo que hoy es una excepción, mañana será la regla.
Lo vemos en la calidad de la infraestructura en muchos municipios, en aquellos donde los ayuntamientos son eficientes y honestos en contraste con los que han sufrido durante años alcaldes permisivos, cuyos modus vivendi y legado a la comunidad es aceptar este tipo de prebendas. La diferencia en la clase de infraestructura cantonal es evidente.
No son regalos. Los servicios deben brindarse como parte del trabajo municipal normal; sin embargo, más bien, se convierten en moneda de cambio dominada por autoridades locales inescrupulosas, apoyadas por la aceptación de la corrupción por parte de la comunidad.
El sistema protege a los tramposos, tanto a los que desvían fondos públicos como a los que solicitan el favor para no pagar impuestos y poder construir sin permiso. Si bien varios de estos hechos se denuncian, no hay consecuencias para los perpetradores, porque el sistema legal es lento, caro y está saturado. Castiga a quien protesta y refuerza la corrupción. La justicia debe ser pronta y cumplida, mas no es el caso.
Es tiempo de desechar la idea de la corrupción institucionalizada y normalizada, y exigir a los gobiernos locales un trabajo de óptima calidad sin recibir dádivas.
Para ello, se requieren comunidades educadas, críticas, participativas y vigilantes, y un sistema legal eficiente. También, urgen empatía y solidaridad, pues se ve la corrupción en acción y no se actúa porque se cree que otros son los afectados.
Debemos crear la estructura mental de que somos parte activa del gobierno, no un simple consumidor de servicios, y, por tanto, es imperativo asegurarnos de que los escasos recursos se inviertan justa y eficientemente, y que a las municipalidades llegue gente honesta y competente.
Costa Rica merece obras de primera calidad, apegadas a la legislación e independientes de los favores del alcalde o de la alcaldesa de turno.
El autor es catedrático de la Universidad de Costa Rica.