Columnistas

Ciudadanos comprometidos contra el cambio climático

Más que celebraciones por el Día de la Tierra se necesita hacer valer las leyes que norman el desarrollo urbano comunal

La humanidad afronta problemas para planificar y adaptarse a procesos a largo plazo, que toman cinco años o más, y la comunicación de resultados científicos que abarquen extensos períodos a una gran audiencia.

Es muy difícil, pues la ciencia trata sobre probabilidades e incertidumbres, y el gran público está acostumbrado a respuestas dicotómicas inmediatas, sí o no.

La ciencia establece, además, números aparentemente sencillos, pero que no reflejan la complejidad de las conexiones climáticas. ¿Qué le dice al ciudadano común que un aumento promedio en la temperatura global del planeta de 1,5 a 2 °C puede tener consecuencias catastróficas sobre el clima y, como consecuencia, el aumento en la frecuencia de fenómenos climáticos extremos, como huracanes y sequías?

Un cambio promedio tan pequeño tiene altos y bajos, es decir, extremos que son los que realmente vamos a experimentar.

Las temperaturas severas causarán tormentas más intensas, separadas por períodos de sequía cálidos y largos. También, es difícil comunicar que las acciones deben tomarse ahora y no dentro de 10 o 20 años, o que si de aquí al 2030 no hemos reducido las emisiones de gases de efecto invernadero estaremos en verdaderos problemas, pues la opinión general es que 10 o 20 años están todavía muy lejos, y la gente desea mantener su estilo de vida, o las economías de los países más contaminantes no quieren perder dinero ahora, aunque lo perderán en el futuro si no hay acción.

Uso del territorio. Los planes reguladores discutidos en muchas municipalidades, cuyo diseño implica una inversión significativa de recursos económicos y humanos para identificar riesgos y zonificar el desarrollo urbano, así como proteger los recursos naturales (especialmente el agua), son fundamentales para mitigar el cambio climático.

Los planes no solamente son debatidos, las comunidades locales se oponen a ellos para no ceder el derecho de vender, construir y expandirse sin control.

A lo anterior debe agregarse la debilidad institucional de las municipalidades, las cuales, al final, son las que hacen cumplir estos planes.

Somos los primeros culpables de mantener en sus puestos y reelegir a alcaldes que soslayan las leyes o hacen la vista gorda a las construcciones ilegales que no cuentan con permisos ni la viabilidad ambiental respectiva.

Las construcciones ilegales causarán problemas a las mismas comunidades, incluida la pérdida de vidas y propiedades. Mantener alcaldes permisivos parece inofensivo como parte de una visión pueblerina y amigable.

Al alcalde bonachón se le puede hablar directamente y pedirle «un chance» para construir sin permisos, sin importar el riesgo sísmico y en lugares donde no tienen servicios públicos básicos.

Negligencia. El deber de las autoridades municipales es vigilar que toda obra de infraestructura posea los permisos y clausurar o demoler aquellas que carezcan de estos. Pero la respuesta es más bien la inversa, es decir, se protege a quienes incumplen, construyen sin autorización y no pagan impuestos.

Está claro que nuestra adaptación al cambio climático y la mitigación están comprometidas. Todas las celebraciones que llevemos a cabo por el Día de la Tierra, Día internacional del Medioambiente y otras son medidas cosméticas, de muy bajo impacto cuando lo que precisa es hacer valer las leyes que norman el desarrollo urbano comunal.

Las comunidades son las que deciden quienes las representan en la municipalidad, las que deben participar más en el gobierno, ser vigilantes del respeto por las leyes y asegurar que quienes lleguen a los puestos sean personas honestas, con los atestados técnicos suficientes, no solamente para tomar las mejores decisiones, sino para observar las leyes y no hacer la vista gorda. Si bien hay buenas municipalidades, la mayoría muestra estas debilidades.

Hay que cuestionarse qué país vamos a heredar a nuestros hijos. ¿Será uno en donde todo cueste el doble porque la corrupción pasa una factura carísima y obtenemos obras de baja calidad que no cumplen ningún código y luego deben reconstruirse debido a los problemas causados?

Ser parte de la solución y ejercer nuestro derecho a participar, denunciar y defender nuestras comunidades es una de las claves para adaptarse al cambio climático.

faetornis@yahoo.com

El autor es catedrático de la Universidad de Costa Rica.