EscucharEl crecimiento económico basado en acumulación de deuda pública es endeble e insostenible, en especial cuando se alimenta con niveles de gasto corriente y no inversión que aumenta la productividad en el futuro y genera las rentas suficientes para permitir su repago. La estrategia de postergar los vencimientos de la deuda pública mediante adquisición de más deuda se complica a medida que llegan nuevos vencimientos.
Hemos creado la inercia de la deuda, lo que seguramente incidirá en una deceleración del crecimiento del PIB en los próximos años, con posibilidades de quedar muy por debajo de su potencial. La mezcla de crecimiento débil y tasas de interés en alza disminuye las posibilidades de un reequilibrio presupuestal.
El sobredimensionamiento del sector público ha sido posible a costa de la prosperidad y eficiencia del resto de sectores de la economía. Los continuos incrementos en gastos por remuneraciones se justifican solo cuando la productividad de sus trabajadores es creciente y superior a la del sector privado.
Este no parece ser el caso en este momento porque, de acuerdo con la evidencia empírica, la productividad conjunta ha sido muy baja o negativa en el último decenio. La percepción generalizada es que el crecimiento del empleo y las remuneraciones del sector público no se ha traducido en mejoras sustanciales de los servicios, por no decir lo menos.
Desequilibrio. Así, hay un desbalance en la contabilidad nacional, pues parte de los ahorros de las familias, empresas privadas y resto del mundo se ha destinado a financiar gastos improductivos del sector público y no a formación de capital.
Aunque la crisis fiscal no ha destruido del todo los activos de la economía, tampoco ha permitido darles el mantenimiento debido, especialmente a las obras de infraestructura que tienen el beneficio de generar externalidades positivas a las empresas.
Esta situación desestimula el pago de impuestos, pues los contribuyentes sienten que su ulterior uso en servicios a la sociedad –función típica de los gobiernos– no es eficiente. Si esto se uniera al evento de una suspensión colectiva de los inversionistas en papeles del Estado costarricense –como reacción a las calificaciones internacionales de riesgo, al momento en un nivel inferior al de inversión– la situación fiscal, ya crítica, se haría insostenible.
De tal manera, urge aprobar una reforma fiscal integral que ponga orden en las finanzas del Gobierno Central y el resto de entidades públicas.
Reforma. Los presupuestos de gasto público han rebasado el curso general de la economía, lo que equivale a decir que los gobiernos han estado viviendo por encima de sus posibilidades. Conocen perfectamente los desbalances que han producido y, aunque lo han intentado, las dos últimas administraciones no han logrado una reforma integral y solo han hecho arreglos parciales. Todo indica que el multipartidismo no ha funcionado y que el Congreso ha sido corresponsable de la delicada situación fiscal actual.
De continuar la inacción en el Congreso, será preciso obviar sus interminables e inconclusas discusiones y redirigir el curso de los acontecimientos para dejarle directamente al pueblo la responsabilidad final sobre una reforma fiscal. Ello, al igual que se hizo con el TLC, podría ser factible mediante la figura del referendo, por lo que habrá que modificar la ley (a lo suizo).
A la vez, deberá encargarse a un grupo de expertos de diversos partidos políticos la elaboración de una propuesta de reforma que, entre otros, corrija la problemática de abusos, desórdenes y disparidades en remuneraciones (salarios y pluses), sistemas de pensiones y otras erogaciones y transferencias; además, que procure un sistema impositivo menos regresivo para disminuir la desigualdad en el ingreso (en aumento continuo) y establezca reglas al gasto, déficit y deuda pública, con sanciones por incumplimiento.
Al contrario de lo que sucedió en el pasado, en que el nombramiento de comisiones de notables para abordar temas específicos no dio resultado, esta vez las propuestas de los expertos fiscales no quedarían en el vacío, pues serían vinculantes.
Como procede, el grupo tendría un tiempo definido para hacer su trabajo, durante el cual atendería observaciones, sugerencias y objeciones de distintas instancias: entidades gubernamentales, fracciones del Congreso, agrupaciones políticas, organizaciones de trabajadores, cámaras empresariales, iglesias y otras instituciones.
El autor es economista.
