Los sindicatos tienen dominado el terreno para paralizar el progreso educativo
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Por José Joaquín Arguedas H.
Lamentaba en el artículo de ayer, titulado “El ‘apagón educativo’ empezó en 1970″, que cotidianamente escuchamos delirantes discursos sobre las mil maneras en que se puede intervenir nuestro sistema educativo, por cierto, relativamente bien financiado en relación con los recursos con que cuenta el país, y muy ineficiente según nos desnuda periódicamente el programa PISA, cuyo propósito es medir la capacidad de los muchachos de 15 años para utilizar sus conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas y ciencias para afrontar los retos de la vida real. Comparativamente, quedamos entre los peores países.
Afirmé que ningún mejoramiento es posible si se ignoran las consecuencias nefastas de la ley de carrera docente (4565), del 4 de mayo de 1970, y la convención colectiva que beneficia a los sindicatos. Por estos medios, los poderosos gremios del magisterio controlan toda la gestión.
Académicos, políticos, periodistas e incluso funcionarios desconocen la incidencia de estos instrumentos o, aun teniendo idea de estos, dada su complejidad y tecnicismos, resultan incomprensibles para el lego. Tampoco puede obviarse que algunos de ellos son funcionarios que gozan de golosas convenciones colectivas, por lo que no tendrían autoridad moral para denunciarlas.
Los salarios de los educadores, a diferencia de otros empleados públicos, no son exagerados. Según un estudio realizado por la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) en el 2007, no superaban el percentil 35; sin embargo, la composición salarial es complejísima y cara de administrar, pues concede más de 100 pluses distintos, pero que en conjunto no aportan algo significativo al bolsillo, como sí pasa en autónomas y otros poderes, salvo aquellos que ganan dedicación exclusiva.
A consecuencia de la ley de carrera docente y la convención, la administración del MEP está tomada por una comisión paritaria de 14 miembros: 7 de los sindicatos y 7 que regularmente se pliegan a estos.
El jerarca del MEP reina pero no gobierna. Si se porta bien con los sindicatos, termina el período y va, casi por regla general, a la ONU o la Unesco a decir lindos discursos. Si se pone incómodo, lo botan. Triste papel.
En conciliábulo con un tropel de funcionarios estratégicamente ubicados, los sindicatos dominan el terreno, por ejemplo, los ministros y la propia DGSC nunca saben a ciencia cierta cuántas vacantes hay en la empresa más grande de Centroamérica (el MEP) y no existe cómo verificarlo de manera independiente, puesto que es de dominio público que el sistema informático se manipula a su antojo. Históricamente, la auditoría institucional ha desempeñado un papel simbólico.
Insisto, basado en mi experiencia de 40 años, en que nunca se saldrá del apagón educativo si la Ley 4565 y, más aún, la convención colectiva siguen vigentes. La convención autoriza perder una buena cantidad de tiempo en permisos, licencias, feriados especiales y los llamados “congresos y asambleas virtuales” mediante los cuales los sindicatos paralizan la educación para que 80.000 empleados cierren los centros educativos a cambio de “conectarse” un ratito cada día desde un dispositivo tecnológico, siempre y cuando no lo hagan vacacionando fuera del país.
La convención no da prioridad a la educación. Los sindicatos modificaron sus estatutos para incluir a unos 20.000 “trabajadores de la educación” (guardas, cocineras, jardineros, mantenimiento, porteros, peones, etc.) y han usado este contingente para sus huelgas, ya que tienen las llaves de las instalaciones y el poder de dejar sin alimento a varias centenas de miles de alumnos, como en el 2018. En cualquier país serio, inclusive en los nórdicos, estos servicios están tercerizados.
Como la participación en sindicatos significa tomar licencias durante varias semanas, algunos están afiliados hasta a cuatro, lo que crea otro problema: ¿Cómo va a alcanzarles el salario? Así nunca saldremos del apagón, como se acostumbra decir hoy.
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