El costo de la transparencia

En primer lugar, Tesoro Directo no representa un porcentaje “muy chico” de la captación total. Solo los bancos del Estado tienen invertidos ¢400.000 millones. Si a esto se le suman las inversiones que ya tenían las otras entidades públicas, la colocación por títulos individuales se acerca al millón de millones de colones.

Esta inmensa cifra se negocia en condiciones más que opacas, acordadas entre funcionarios tras puertas cerradas y en ausencia total de un rendimiento de cuentas: las condiciones pactadas no han querido hacerse públicas.

En otra afirmación, se dice que el mecanismo de bolsa aplicable a títulos estandarizados es muy oneroso para Hacienda y enriquece a un grupo. El único costo directo que tiene el gobierno es el pago de $500 dólares por emisión. Por ejemplo: en una emisión normal de $500 millones de dólares, ese costo equivale al 0,0001%.

Otros argumentan que el costo para el emisor se da por un aumento en la tasa para reconocerle al inversionista las comisiones que este sí paga. Veamos: la Bolsa cobra el 0,006% de comisión; tan bajo es el número que no se puede pujar en la tasa y difícilmente la ganancia es millonaria por más grande que sea la colocación.

Los puestos de bolsa cobran a los inversionistas institucionales, que compran el 90% de las subastas, el 0,002%, lo cual es aún menor e incluye, en la gran mayoría de los casos, el costo de la custodia. El mecanismo es público y quien quiera verificar estos datos puede pedirlos en la Sugeval.

De nuevo, difícilmente para hacer clavos de oro. Estos son los costos que Tesoro Directo le ahorra al Ministerio de Hacienda.

El porqué. Si así es, entonces ¿por qué tanta bulla si no es por plata? Este es precisamente el punto que se le pasó a Jorge en su columna. El Ministerio de Hacienda no es un emisor cualquiera, ni es un banco (central o comercial).

Hacienda es el emisor soberano y su costo de fondeo, reflejado en la curva soberana de rendimiento, se utiliza como referencia de “cero” riesgo y afecta directamente el costo de fondeo del resto de emisores. Esa curva se forma al vender y comprar en el mercado secundario los títulos estandarizados emitidos por Hacienda.

En la medida en que la política de emisión de Hacienda dificulte este proceso, creando emisiones pequeñas, con poca estandarización o, como nos ocupa en este caso, emitiendo títulos individuales no negociables en secundario, se compromete la calidad del mercado y se afecta a los otros emisores y a los inversionistas, que no saben si están pagando caro o barato.

Al tener más incertidumbre de su costo de fondeo, las empresas recurren a otras fuentes más onerosas, y se limita la posibilidad de invertir de los ahorrantes. Este es un costo para el mercado y la economía.

Mayor perdedor. Quizás lo que se le escapa al columnista es que el mayor perdedor al debilitar el mercado secundario es Hacienda.

Tal como lo recomienda el Banco Mundial en su Manual de Gestión de Deuda Pública, el financiamiento por medio de instrumentos estandarizados con mercado secundario permite: 1) administrar el balance entre costo y riesgo de la deuda, lo que incluye definir estructuras de cartera y perfiles de vencimiento, una red de distribución eficiente y competente, mecanismos disponibles para la transformación de riesgos y el construir una curva confiable para el sistema financiero; 2) sostenibilidad de las políticas de emisión en el tiempo; 3) eficiencia en la transmisión de la política monetaria; y 4) deseabilidad de la deuda pública. No es simplemente un tema de costos, menos aun cuando son sumamente bajos.

Es una lástima que una obligación clave del Ministerio de Hacienda se esté tratando de reducir a caricaturizar a los participantes en el mercado de valores.

Esta es una industria competitiva, así lo demuestran las tarifas, y que lleva cuatro décadas apoyando la gestión de financiamiento del Estado.

El autor es el gerente general de la Bolsa Nacional de Valores.