Decisión en La Haya del 8 de marzo

Dada la irreversible naturaleza de los daños ecológicos alegados en la zona de isla Portillos, se pidió que la Corte declarara que Nicaragua no deberá, en la zona entre el banco derecho del río San Juan, la laguna Los Portillos y el río Taura, ubicar tropas u otro personal, emprender construcción alguna o ampliación de un canal, cortar árboles o vegetación, remover el suelo o depositar sedimentos.

Asimismo, se pidió que se suspendiera el programa de dragado adyacente al área señalada y que Nicaragua se abstenga de cualquier otra acción que pueda perjudicar los derechos de Costa Rica y que pueda ampliar y prolongar la disputa ante la Corte.

La petición de Costa Rica evoca y se encuentra totalmente de acuerdo con el principio precautorio reconocido desde 1992 en la Declaración de Río de Janeiro, según el cual “' con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

Varios escenarios. Los escenarios que se ha planteado el Gobierno de Costa Rica incluyen varias posibilidades. Costa Rica podría recibir todo o nada de lo que pidió. Estos son los escenarios extremos. Parecen los más improbables dado que posiblemente generarían una situación más tensa con vista en la resolución final de este conflicto que posiblemente tomará varios años.

Tres escenarios intermedios son el que se pida crear una zona de despeje en concordancia con lo resuelto por la Organización de Estados Americanos, el que se pida que Nicaragua retire sus tropas y personal civil, pero que no se resuelva con respecto a los demás extremos o el que se vuelva al estado de cosas antes de las acciones nicaraguenses que motivaron el litigio devolviendo el control de la zona a Costa Rica pero no deteniendo el dragado del río San Juan.

Dadas estas alternativas, desde la perspectiva ambiental esta decisión estará lejos de resolver todos los asuntos que se han planteado como fundamentales, dada la naturaleza binacional y de importancia internacional de los humedales de la zona (el humedal Caribe Noreste y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan).

Protección a humedales. Así el Frente Nacional para la Protección de los Humedales por medio de su campaña ‘Misión Humedales: Vida para Todas y Todos’, pretende lograr el reconocimiento de que este ecosistema requiere un sistema de monitoreo ambiental internacional efectivo que prevenga que se presenten situaciones similares a la que tenemos hoy. La discusión que se generará en el camino del fallo final en la Corte Internacional de Justicia es fundamental para este fin.

En este esfuerzo, este colectivo ha mantenido un diálogo continuado y respetuoso con las autoridades del Gobierno nacional, reconociendo la concordancia de interés por la protección de este humedal pero también respetando las diferencias con respecto a proyectos pasados y futuros que han sido y podrían ser objeto de oposición por considerarse dañinos para los ecosistemas. Así, se ha desarrollado un verdadero proceso de colaboración por el interés nacional conservacionista.

Con este mismo espíritu de diálogo y trabajo conjunto, el Frente está convocando a todas y todos los costarricenses a las actividades que organiza con ocasión de la decisión de la Corte Internacional de Justicia del próximo 8 de marzo: dos foros académicos y una concentración-vigilia en la plaza de la Cultura.

Las actividades pretenden no solamente sensibilizar sobre los alcances de la decisión y del conflicto ambiental, sino también demostrar la vocación de todos los sectores del país ante este problema que requiere la unidad y el esfuerzo colectivo costarricense ante un camino largo que aún queda por recorrer.