EscucharLa corrupción no es posible erradicarla, solo combatirla, dado que en muchas sociedades impregna todo el quehacer de las relaciones entre el Estado y la ciudadanía. Tal vez la versión más descarnada la vemos en el régimen municipal, en nuestro pedacito de país, como lo llama acertadamente el Tribunal Supremo de Elecciones. Por eso mismo, es de especial trascendencia que votemos el primer domingo de febrero, con la seguridad de que algo va a cambiar.
El término corrupción cubre una amplia gama de actividades humanas. El Banco Mundial, por mucho, se impone en estudios generales y específicos sobre el fenómeno y lo define como el “abuso de un cargo público para obtener ganancias personales”, es decir, cuando un funcionario acepta, pide o exige un soborno. También lo es cuando las personas ofrecen sobornos para eludir políticas y procesos públicos y, de esa manera, obtener una ventaja o provecho sobre la competencia.
Los beneficios públicos obtenidos mediante sobornos son de distinto tipo y magnitud. Los contratos y otras ventajas pueden ser enormes o muy pequeños. Las sumas implicadas en la corrupción en gran escala —indica el Banco Mundial— suelen llegan a la primera plana de los periódicos —por ejemplo el de la empresa constructora Odebrecht en América Latina—, pero los costos totales en menor escala pueden ser iguales o mayores por el volumen de la distorsión tanto monetaria como económica.
El trabajo del servidor público “le pertenece esencialmente a la sociedad”, nos recuerda un documento del Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia; por ello, no cabe la arrogancia, la displicencia, la falta de honradez, el desperdicio de los recursos, el tráfico de influencias. El servicio público es un bien general profanado por la baja calidad conceptual y técnica. El ciudadano es y debe ser el verdadero dueño de lo público.
Encontramos en nuestro entorno municipalidades que han estado dominadas durante décadas por el clientelismo, en las que el intercambio de sobornos y favores es práctica común.
La corrupción, o su fomento, de ninguna manera es ajena a cada uno de nosotros. Nunca he propuesto mi nombre a un cargo de elección popular, pero he tenido la osadía alguna vez de acompañar a un valiente candidato a alcalde o diputado.
La experiencia sinceramente no fue placentera. Lo que muchos parroquianos, sin ningún sonrojo, pedían al candidato, en palabras coloquiales de algunos de ellos, era “ilegal, inmoral o engordaba”.
Mi acercamiento a la “cultura” municipal costarricense se une en dos vertientes: como ciudadano usuario en los cantones donde he residido y por la oportunidad que tuve de dirigir el Servicio Civil.
La Dirección de Servicio Civil contaba con una unidad de asesoría municipal, pero la cerré en el 2012 porque en la práctica los gobiernos locales la torpedeaban y a fin de cuentas no cumplía su propósito.
Al alcalde en vez frenar el monto de la planilla y tamaño de esta más bien le conviene que suba exponencialmente, porque de esta manera su sueldo siempre debe estar un 10 % más alto que el de sus subalternos, así lo establece el Código Municipal, y el alcalde es fiel cumplidor de la normativa y debe subirse el salario.
Algo similar sucede con las alzas desmedidas de las dietas de los regidores, sobre lo que editorializó este medio el 9 de enero. La gobernanza política municipal tiene costos desproporcionados para su importancia estratégica municipal, como en el caso de Alajuela, por encima de los ¢7.000 millones anuales.
Decía al comienzo de este comentario que la corrupción no es posible erradicarla, pero sí controlarla. Una forma es dejar de apoyar estructuras político-funcionariales que desde antaño echaron raíces y que, como el cáncer, hicieron metástasis en las organizaciones.
Limpiemos con nuestro voto toda esa putrefacción, independientemente de si es un partido tradicional, nacional o local el que ejerce el poder. Aprovechemos que esta vez una buena cantidad de gamonales, dueños de vida y hacienda en distintos cantones, ya no podrán reelegirse.
Que los nuevos van a ser arcángeles, no lo puedo asegurar, mas lo cierto es que no actuarán con la pericia indeseable de otros que llevan décadas en el oficio.
Salgamos a votar por el pedacito de Costa Rica más importante, por nuestro cantón.
El autor es ex director general del Servicio Civil.
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Las elecciones municipales se celebrarán el 4 de febrero. (Albert Marín)
