EscucharSiempre me pregunto si el Estado da para más si la forma como opera no cambia. Son muchos los indicadores de desarrollo y las situaciones que los ciudadanos vivimos a diario que pareciera que en algunos aspectos el país no solo no avanza sino que retrocede.
La CCSS es una institución admirada por la mayoría de los costarricenses, nos enorgullecemos de lo que es y ha dado a nuestras familias, pero las largas colas en los Ebáis o esperas por una intervención quirúrgica son lamentables.
El estado de la infraestructura educativa es crítica en centenares de escuelas y colegios, y los resultados del sistema son muy pobres. A pesar de invertir per cápita mucho más que la mayoría de los países, seguimos cayendo en las pruebas PISA.
En un mundo donde el conocimiento y la tecnología evolucionan a pasos nunca antes imaginados, la falta de conectividad en varias zonas aumenta las brechas y la falta de oportunidades para la población más vulnerable.
La pobre infraestructura vial sorprende a propios y ajenos, y es tan decadente que carreteras nacionales sufren serios desprendimientos no resueltos en décadas, que perjudican la competitividad y originan pérdidas en vidas humanas. Ni que hablar del 20% de la población que vive en la pobreza, no obstante las múltiples iniciativas públicas e inversiones millonarias anuales en la lucha contra ella.
El Estado no es capaz de resolver estos desafíos, lo que me lleva a proponer una reforma. Pero ¿qué queremos de la reforma? ¿Existen propuestas concretas? ¿Cuál es el apoyo con que cuentan las propuestas de reforma en la Asamblea Legislativa?
En la compleja situación fiscal que enfrenta Costa Rica, con posiblemente el más restrictivo presupuesto nacional de la historia en el 2023, parece prioritario desarrollar nuevos modelos de gestión de la infraestructura y servicios públicos. Promover nuevos y diferentes tipos de colaboración público-privada es imprescindible.
Son necesarias más concesiones para acceder a recursos frescos con el fin de construir y mantener la infraestructura de transporte, educativa y sanitaria y la vivienda social. También, deben potenciarse los esquemas de contratación por resultados para asegurar la eficacia de la inversión en programas de formación para el empleo, la salud pública o los servicios sociales. En situaciones de emergencia nacional, como ha ocurrido en el pasado tras terremotos, huracanes y, más recientemente, la covid-19, la colaboración público-privada debe incrementarse y ser más eficaz.
Las juntas educativas, Asadas y asociaciones de desarrollo, entre otras organizaciones lideradas por miles de personas voluntarias, desempeñan un papel fundamental en la mejora de la prestación de servicios públicos. Sin embargo, deben lidiar con limitaciones para efectuar su labor de forma exitosa.
El país requiere modelos de cooperación público-privada que contribuyan a fortalecer las capacidades e intensifiquen el impacto de estas organizaciones, en particular en las zonas rurales.
Costa Rica no alcanzará su mayor potencial de desarrollo si no estimula esquemas de colaboración entre empresa, gobierno, academia y sociedad civil, que complementen recursos y capacidades para ofrecer soluciones innovadoras a los complejos retos nacionales.
Así lo hicieron en su momento y persiste en los países más desarrollados. La reforma del Estado debiera contribuir de forma decidida a crear novedosos modelos de gestión multisectoriales del desarrollo que fomenten innovación, eficiencia y acceso a recursos frescos para proveer el mayor bienestar posible a los habitantes, en particular a los más vulnerables.
El autor es director ejecutivo de Aliarse.
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Costa Rica no alcanzará su mayor potencial de desarrollo si no estimula esquemas de colaboración entre empresa, gobierno, academia y sociedad civil. (Shutterstock)
