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La conocida y sempiterna frase “agro en problemas” se torna preocupante en virtud de algunos cambios propuestos por el gobierno como política institucional.
La Alianza del Pacífico, la apertura comercial, la desprotección de sectores sensibles y la valoración superficial, incompleta y hasta deshumanizada de la actividad agropecuaria y rural es posible que provoquen la desaparición de agricultores y, en consecuencia, desempleo, pobreza y problemas sociales.
También, convertirán en marginal lo que hoy provee sustento. El sector agropecuario requiere cambios y ajustes profundos e inmediatos; sin embargo, cabe preguntarse qué cambios, qué impacto tendrán y cuál es el costo, el beneficio y el valor agregado de estos.
El proyecto del gobierno implica perder la especialización que goza la actividad y replantear el control, centralizándolo en una persona o superministro, lo que es peligroso.
La audiencia del ministro ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, para comentar el Proyecto de ley orgánica del MAG y del sector agropecuario, pesquero y rural (expediente 23397), me preocupa por el abordaje complaciente con algunas entidades y el juzgamiento del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA).
Resultan desconcertantes los desatinos y eufemismos en torno a la gestión del INTA, ya que, como toda entidad pública —y aun las privadas—, la institución afronta problemas y tiene deficiencias que corregir, pero rebajar su labor como de manera sutil hizo el ministro resulta atrevido e irrespetuoso para quienes allí laboran.
Falta conocer más de la gestión del Instituto, creado en noviembre del 2001, precisamente con el objetivo de evitar los manejos políticos en un campo especializado y estratégico como es el tecnológico.
El sector posee tecnología suficiente para ser ecocompetitivo gracias a la investigación liderada por el INTA. Obviamente, está lejos de operar bajo los principios pregonados por la agricultura 4.0.
Recursos genéticos, semilla básica y de fundación, control sanitario, biotecnología, investigación, capacitación, asesoramiento y servicios técnicos especializados son productos importantes de su gestión.
El problema de los bajos rendimientos, poca rentabilidad y limitada competitividad es causado por los bajos precios, los excesos en la cadena de intermediación, el impacto ambiental, los factores sanitarios, el costo de los insumos, la carencia de mano de obra calificada, la no disponibilidad de agroquímicos modernos, la falta de equipos, las pérdidas poscosecha, la mala administración, la ausencia de un enfoque agroempresarial y de organización de los productores y del paternalismo que gobiernos fomentaron con fines políticos.
Es lamentable la opinión negativa sobre los campos experimentales, la capacitación, las publicaciones y los textos técnicos, pues todo organismo de investigación que se diga calificado y no publique y socialice los resultados de su gestión carece de sentido y razón de existir.
La debilidad del proyecto propuesto es haberlo formulado sin consultar a las instituciones involucradas, las organizaciones y grupos beneficiarios del servicio. La finalidad es excelente; la intención, muy necesaria y válida, pero el procedimiento pudo haber sido mejor.
Mucho puede comentarse sobre investigación y transferencia tecnológica en el quehacer público, donde no todo es malo, y las cosas buenas deben potenciarse para fortalecer la intención de mejora propuesta.
No es desacreditando las instituciones y a los funcionarios como se progresa. Para desarrollar el agro debe contarse con, además de tecnología, recursos económicos, asistencia técnica, capacitación, semillas, riego, insumos adecuados, agroquímicos formulados con moléculas modernas, equipos apropiados, mercados de calidad, simplificación de trámites, información de mercados, precios justos y canales de comercialización dinámicos, transparentes, inclusivos y muy participativos.
El momento histórico por el que atraviesan el país y la agricultura justifican incorporar mejoras profundas, consecuentes con la situación nacional y mundial, no basadas en teorías desgastadas. Debe apoyarse al gobierno en lo que sea justo y razonable, pero no en lo que propone para el INTA.
El autor es expresidente del INTA y del Colegio Ingenieros Agrónomos.
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