Doce diputados alegan el derecho de refrendar el contrato de la nueva terminal portuaria en Limón. Piden a la Contraloría declararse incompetente, anuncian un proyecto de ley para que el Congreso apruebe este tipo de negocios y prometen ponerse las pilas para no entorpecer. Es claro que la iniciativa procura descarrilar el contrato con la empresa APM. También, que a los diputados se les olvidó revisar el voto 5651-2005 de la Sala IV, en el que se rechazó una acción de inconstitucionalidad de diputados del PAC y otros por la concesión de muelle de Caldera. Sin embargo, quiero destacar otro ángulo del asunto pues la maniobra pone en el tapete dos discusiones interesantes.
La primera, de carácter filosófico, refiere a los alcances del principio de soberanía popular sobre el cual descansa el Congreso. Puede resumirse así. Objeción: “¿Diputados aprobando contratos de concesión? ¿Cómo harán para evaluar los aspectos técnicos, financieros y legales de un complejo contrato? Son asuntos sobre los cuales no saben nada”. Réplica: “el punto no es de conocimiento sino de soberanía popular. Si el conocimiento experto fuera requisito para tomar decisiones, tendríamos que acabar con la democracia y poner un gobierno de sabios. Y ni eso porque nadie sabe de todo”.
No hace mucho se creía que el principio de soberanía popular tenía una primacía casi indiscutida. Se asumía que las leyes eran constitucionales porque los representantes electos eran la voz del pueblo y como el pueblo es soberano, punto acabado. Sin embargo, en las democracias modernas, el principio de soberanía popular ha sido recortado por la necesidad de proteger los derechos de minorías y por el control sobre el poder electo que realiza una robusta red de instituciones especializadas (tribunales, contralorías, etc.). Además, las Administraciones Públicas se han especializado y, con ello, los parlamentos han perdido competencias técnicas, como fijar tipos de cambio, tasas de interés o negociar contratos. Estamos en otra época: el parlamento no reina.
La segunda discusión es política: ¿conviene que la plenaria legislativa realice funciones técnicas como el refrendo de un contrato? No, eso es poner un mercado persa, donde votos e influencias van y vienen, a decidir quién, y con qué numeritos, hace un negocio. Ya imagino al diputadito ese diciendo: “O me da tres gimnasios para Medio Queso o ...” Ciertamente, ese mercado persa es importante a la hora de aprobar leyes, para asegurarnos de que todas las voces sean oídas. Sin embargo, cosa muy diferente es aprobar un contrato. Los diputados tienen el derecho y el deber de pedir cuentas a los técnicos que lo negociaron. Suplantarlos es pésima idea.
Escuchar