EscucharSolo al gobierno le faltaba reconocer un hecho obvio a primera vista: el paquete fiscal aumenta la carga tributaria. La admisión llegó por medio de las declaraciones de la viceministra de Hacienda, Priscilla Zamora, en el programa televisivo “Estado Nacional”. Hasta ahora, el Ejecutivo insistió en negarlo, argumentando que el paquete no contiene nuevos impuestos, sino la modificación de porcentajes y exenciones de los ya existentes.
Así, el aumento del impuesto sobre la renta a las pequeñas y medianas empresas no es nuevo, sino la quintuplicación de la tarifa vigente para las de menores ingresos. El impuesto sobre el valor agregado siempre existió, y si las sillas de ruedas pasarían a pagar la tarifa completa del 13 %, es porque se les eliminó la exoneración.
El sofisma es apenas ingenioso porque se estrella contra la realidad de las pequeñas empresas obligadas a pagar cinco veces más por mucho que sea el mismo impuesto. Entre el 5 y el 30 % hay una diferencia cualitativa suficiente para reconocer en la reforma la creación de un impuesto totalmente distinto.
Por otra parte, Hacienda argumenta que el rendimiento total del paquete se acerca a cero si se compensan los aumentos con las rebajas concedidas en otros casos, fundamentalmente el impuesto sobre la renta de los trabajadores independientes, pero los proyectos carecen de una estimación fundamentada de su impacto tributario y la mejoría para los trabajadores independientes es poco consuelo para la pequeña y mediana empresa que de pagar un 5 % —en el mejor de los casos— y el 20 %, en el extremo mayor de la escala vigente, pasa a pagar el 30 %.
La viceministra reconoció también que no urge aprobar los proyectos, salvo la reforma del impuesto sobre la renta, y defendió la excepción con un argumento inquietante, sobre todo para la Asamblea Legislativa, donde el paquete tributario encontró férrea oposición desde el primer momento. Esa reforma, dijo Zamora, comprende la propuesta del Poder Ejecutivo para salir de la lista gris donde la Unión Europea enumera las jurisdicciones no cooperantes en materia tributaria.
Si el Congreso no se apresura a exigir la tramitación independiente de las reformas requeridas para ajustarse a los parámetros de la Unión Europea, no tardará en ser señalado como responsable de la permanencia del país en la lista gris. La vinculación de los dos temas puede constituirse en una presión a favor de los nuevos impuestos.
No hay motivo para crear una relación de dependencia entre las dos reformas. El paquete tributario del gobierno va mucho más allá de lo requerido por la Unión Europea. Los diputados lo saben bien y hay iniciativas, como la del Partido Unidad Social Cristiana, para resolver la diferencia sin necesidad de otras medidas.
Los europeos critican la inexistencia de un impuesto a las ganancias obtenidas en el exterior por las inversiones pasivas, es decir, los ingresos generados sin participación activa del inversionista, como en el caso de los títulos valores. En consecuencia, esas rentas no pagan impuestos en ninguna parte, lo cual nos convierte en paraíso fiscal.
Otra disconformidad es la definición del contribuyente en nuestra legislación. Según el inciso b del artículo 2 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, “se entiende por establecimiento permanente cualquier sitio o lugar fijo de negocios en el que se desarrolle total o parcialmente la actividad esencial de la persona no domiciliada”. Los europeos objetan la palabra “esencial”, por razones evidentes. Eso es lo que debemos cambiar para preservar el prestigio nacional y mantener las buenas relaciones comerciales con Europa. No hace falta crear un nuevo impuesto a las pymes ni aprobar otras disposiciones del paquete tributario.
