En abril del 2011, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia Luis Paulino Mora abrió el año judicial con una reflexión profunda sobre la demagogia y el oportunismo electoral como fuentes de tensión para la administración de justicia. En síntesis, la Asamblea Legislativa crea o amplía derechos a diestra y siniestra sin preocuparse por el financiamiento o los medios de concreción. Los ciudadanos, con la ley en la mano y las expectativas insatisfechas, acuden al Poder Judicial para exigir el cumplimiento, no siempre posible.
El programa Estado de la Nación se le había adelantado al presidente del Poder Judicial al evidenciar en sus estudios que en la década de los noventa y en los primeros años de este siglo, entre el 50 % y el 70 % de la legislación sustantiva aprobada por el Congreso creó nuevos derechos, amplió derechos existentes o reconoció nuevas obligaciones del Estado.
Los diputados solo se preocuparon por señalar el financiamiento en el 10 % de los casos, en algunos años, y en el 20 % cuando se presentaron las mejores circunstancias. Editoriales de este diario en aquella época señalaban la repartición de más del cien por ciento de un impuesto entre diversos destinos o la disposición, nunca materializada, del 3 % del presupuesto nacional para el Fondo de Subsidios de Vivienda.
Quizá el ejemplo más extraordinario de ligereza legislativa es la reforma constitucional para trasladar funciones a las municipalidades, junto con el 10 % del presupuesto nacional, sin considerar que no hay suficientes tareas susceptibles de traslado a los gobiernos locales y el 10 % del presupuesto equivale a la mitad del dinero disponible para la operación de todo el Gobierno Central, luego de restar las partidas presupuestarias intocables, como los recursos destinados a pensiones y servicio de la deuda.
La queja contra la rigidez del presupuesto y la creación de gastos sin financiamiento data de hace décadas, pero nunca se ha reunido la voluntad política necesaria para enfrentar tan grave problema estructural. En el Congreso, la posibilidad de enfrentar reclamos por “quitar” dinero a las causas nobles aleja a los diputados de la solución.
A las puertas de una crisis muy anunciada, la actual administración incluyó en su última propuesta de reforma fiscal la prohibición de crear programas u obligaciones estatales sin señalar su financiamiento. “Todo proyecto de ley que implique un incremento en el gasto o la adición de nuevas funciones a la Administración pública deberá ir acompañado de un plan que garantice su financiamiento de mediano y largo plazo con pleno apego a lo que establece el artículo 179 de la Constitución Política. Para tal efecto deberán señalarse las nuevas fuentes de financiamiento o recortes de gasto, acorde con lo dispuesto en este artículo”, dice la propuesta del Ministerio de Hacienda.
Además, si la deuda pública del Gobierno Central supera el 50 % del producto interno bruto, el Poder Ejecutivo no estará obligado a cumplir los porcentajes fijados por ley y deberá girar los recursos según sus posibilidades. La deuda ya ronda el porcentaje fijado y no pasará mucho antes de cumplirse la condición fijada en el proyecto si el país no toma medidas para enfrentar el gasto y crear nuevos ingresos.
La iniciativa también procura limitar el crecimiento del gasto mediante una regla fiscal que lo sujetaría al promedio de crecimiento del PIB nominal (sin descontar la inflación) de los cuatro años anteriores. Además, sanciona con entre uno y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos a quien incumpla las medidas de responsabilidad fiscal. En buena hora se someten a discusión temas tan importantes. Las iniciativas descritas merecen seria consideración, junto a las demás propuestas para domar la fiera fiscal.
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