Los aires navideños y las elecciones distritales en febrero de 1996, que por su propia naturaleza tocan a rebato con suficiente anticipación, representan dos tentaciones demasiado difíciles de vencer para que la Asamblea Legislativa decida prescindir del receso que, al parecer, será a partir del 18 de diciembre.
Estos acuerdos legislativos presentan siempre el riesgo de la crítica, de la que, como se sabe, el parlamento es siempre fácil blanco. Con todo, el antídoto lo tienen los propios diputados: despedirse con la credencial del deber cumplido, es decir, de la aprobación o avance de diversos proyectos de ley importantes para el país, sobre los cuales ya existe un acuerdo previo o que, por su necesidad, no hay razón alguna para que se atrase su tramitación. El país vería con buenos ojos que se apruebe sin dilaciones una agenda legislativa con altura de miras y sentido patriótico. Conviene anotar sobre el particular que los proyectos que hacen antesala en la Asamblea Legislativa, además de ser provechosos y necesarios para el país, no representan ningún costo político. Más bien, contribuirían a proyectar una imagen positiva del parlamento.
Entre los proyectos en posición ventajosa para ser aprobados figuran el de garantías económicas, diversas reformas de la legislación penal, tanto sustantiva como procesal; el proyecto de transformación del Servicio Nacional de Electricidad (SNE), el referente a la exoneración de 700 artículos de la canasta básica y las modificaciones pertinentes del presupuesto nacional para financiar la infraestructura carcelaria y de rehabilitación. Como estos, podrían citarse otros de indudable interés público, como las reformas electorales, la legislación sobre el empleo público, el cierre o privatización de algunas instituciones y empresas públicas, y el ordenamiento de los regímenes de pensiones que logran vencer todos los embates y críticas, como si un poder especial los mantuviera con vida.
En relación con el proyecto de garantías económicas, no hay razón alguna para detener su aprobación, habida cuenta de que, antes de votarse en una segunda legislatura, puede ser objeto de un fecundo debate público. Tampoco se justifica retrasar la reforma del SNE. En lo tocante a la legislación penal, la inseguridad prevaleciente y la consiguiente presión popular, cada día más intensa, han de impulsar a la Asamblea Legislativa a satisfacer estas demandas con prontitud y sabiduría. Si los diputados no acogen este clamor, es decir, si el pueblo no siente que la Asamblea Legislativa reacciona con celeridad y eficacia, tomarán la palabra los abanderados de medidas extremas que, como la pena de muerte o el incremento de las penas, sin sujeción a un ordenamiento coherente, tienen tantos seguidores. Estas reformas exigen, por otra parte, poner fin al hacinamiento existente en las cárceles, violatorio de los derechos humanos y motivación de nuevas legiones de delincuentes. En fin, el inventario de proyectos es generoso. Solo falta dar el paso adelante.