En más de una oportunidad, mediante sus informes y declaraciones de funcionarios, el Programa Estado de la Nación ha advertido sobre una inconveniente, y hasta riesgosa, tendencia en nuestra producción legislativa. Se trata de aprobar leyes que estatuyen nuevos derechos para los ciudadanos y, además, otorgan al Estado la responsabilidad de velar por su cumplimiento, pero no destinan recursos para financiarlos. El resultado no puede ser peor: frustración de los ciudadanos, incapacidad presupuestaria y administrativa de las instituciones para actuar de acuerdo con las nuevas reglas, presiones crecientes y desordenadas sobre el gasto público y mayores recursos de amparo ante la Sala Constitucional para hacer valer, casuísticamente, tales derechos. Como balance general, se entraba aún más el sector público y se perjudica el bien común.
Si en materias que, teóricamente, benefician a todas las personas, el resultado ha sido tan preocupante, peor aún lo es cuando el ímpetu legislativo se destina a entregar privilegios a nuevos grupos, a cargo del fisco –es decir, de quienes pagan impuestos– y en menoscabo de otras necesidades que deben atenderse con los escasos recursos del Estado.
Esta es, precisamente, la característica de un proyecto impulsado por el diputado Marvin Atencio, del Partido Acción Ciudadana (PAC), con el apoyo de algunos legisladores de otras agrupaciones, que extendería un paquete de injustificados beneficios de los profesionales de la salud a otros empleados estatales del mismo giro, como psicólogos, farmacéuticos, trabajadores sociales y microbiólogos.
El privilegio actual, al que nos hemos referido críticamente en otros editoriales, se conoce como “enganche médico”, porque amarra o “engancha” sus salarios al incremento que sea concedido a cualesquiera empleados del Gobierno Central. El resultado es pernicioso por partida triple: primero, porque genera un sistema de remuneración para un sector en particular que nada tiene que ver con sus características, desempeño y necesidades; segundo, porque pone aún más presión sobre las deterioradas finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social y nuestro sistema de salud en general; tercero, porque, precisamente para evitar el aumento excesivo de las planillas en las instituciones afectadas por el “enganche”, muchas veces se han reprimido los incrementos salariales de trabajadores mucho más necesitados, lo cual ha incrementado la desigualdad entre los empleados del Gobierno Central y las instituciones autónomas.
El proyecto del diputado Atencio pretende reformar tres artículos de la Ley General de Incentivos a los Profesionales de Ciencias Médicas para calificar como tales a los psicólogos, farmacéuticos, trabajadores sociales y microbiólogos y, así, elevar su remuneración con los mismos beneficios que habían sido otorgados por esa legislación. Se trata, simple y llanamente, de una iniciativa gremialista, con desdén de su impacto sobre la administración estatal, sus finanzas y el bien público en general. Como mínimo, los impulsores de la iniciativa deberían decirnos cuántos de esos profesionales trabajan en el Estado, cuánto implicaría otorgarles esos beneficios, de dónde saldrían los recursos y cuál sería el efecto de su uso para tal fin sobre otras prioridades del sistema de salud.
Los privilegios no se combaten concediendo más privilegios, sino eliminando los existentes y creando condiciones equitativas, racionales y sistémicamente sustentables en la administración del Estado. Si por la capacidad de presión (virtual veto) que actualmente tienen algunos profesionales de la salud beneficiarios de los privilegios, estos no pueden ser eliminados a corto plazo, por lo menos no deben extenderse.
Legislar casuísticamente, y con altos costos en todo sentido, como pretende esta iniciativa, es lo contrario a una buena labor legislativa y, peor aún, es también lo contrario a una elemental justicia remunerativa. Esperamos que los diputados responsables la rechacen.
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