26 junio

Bajo presión de un grupo de alcaldes, la Asamblea Legislativa tuvo tiempo de vencer, a golpe de tambor, justificadas objeciones a la ley que eximió a las municipalidades de la regla fiscal.

A ese ritmo hizo enmiendas al texto original y se sobrepuso a las críticas del Banco Central, la Contraloría y el Ministerio de Hacienda para votar la reforma, a la postre citada entre las causas de degradación de la deuda nacional por la calificadora Standard & Poor’s.

La reelección indefinida estimula malas prácticas administrativas, impide la renovación de la dirigencia local y, probablemente, agrava el abstencionismo.

El Congreso también ha tenido tiempo para echar a andar un proyecto que destinaría ¢106.000 millones a estimular la llamada “economía social solidaria”, bajo la sombrilla de los gobiernos locales y otras organizaciones comunales integradas en un nuevo aparato burocrático.

No ha habido tiempo, sin embargo, para promover un límite a la reelección de alcaldes.

Es una idea mucho menos polémica y surge a las puertas de cada elección, cuando decenas de funcionarios anuncian su intención de renovar el mandato, siempre con altísimas posibilidades de lograrlo, en algunos casos a pesar de fuertes cuestionamientos.

Nadie defiende la figura del alcalde a perpetuidad, pero alguna fuerza misteriosa impide el avance de las iniciativas insertas en la corriente legislativa para evitarlo.

Sin necesidad de contar con campeones para su causa, la reelección indefinida goza de buena salud y aprovecha el adormecimiento de la opinión pública después de cada campaña.

En febrero, escogimos a los alcaldes de 82 cantones. Cincuenta de ellos ya estaban en el cargo, muchos desde hace varios periodos. El número asombra.

Casi todos los aspirantes a la reelección la consiguieron, algunos sin importar la pobreza de su desempeño, medido por la Contraloría y por la experiencia ciudadana.

El resultado electoral es, en sí mismo, un cuestionamiento al sistema. Las razones para impedir la reelección presidencial ilimitada valen también para las alcaldías.

Las campañas electorales se facilitan cuando el candidato está en el poder y cultiva redes de clientelismo para garantizarse buenos resultados en las urnas.

La reelección indefinida es un incentivo perverso y antidemocrático, todos lo sabemos, pero una tesis tan pacífica no logra plasmarse en ley cuando otras, tan discutidas, superan los trámites en cuestión de semanas.

En nuestras elecciones municipales, marcadas por el abstencionismo, el apoyo de un reducido número de votantes basta para definir el resultado, especialmente en los cantones menos poblados.

En la mayoría de los municipios, los alcaldes llegan al poder, o lo conservan, con 5.000 votos o menos. En cuatro años de gobierno local es fácil tocar la vida e intereses de tan reducido número de votantes.

Afianzar el poder local es tanto más fácil cuanto menor sea la población, mayor el número de partidos en liza y más grande el abstencionismo, pero la ventaja de competir desde el despacho del alcalde también pesa en los cantones más poblados, donde el tamaño de los presupuestos permite beneficiar a más personas.

La reelección indefinida estimula malas prácticas administrativas, impide la renovación de la dirigencia local y, probablemente, agrava el abstencionismo.

Sin duda lo sabemos porque lo discutimos cada cuatro años con las mismas razones esgrimidas para impedir la reelección presidencial consecutiva.

También es prueba de comprensión del problema la esporádica aparición de un diputado con ánimo de impulsar el cambio, pero la oposición silenciosa, imperceptible, cuando mucho manifiesta en corrillos, siempre logra derrotarlo. ¿Hasta cuándo?