«Se ha advertido un crecimiento del aparato público desordenado, diversificado (atomización orgánica y funcional) y sin una visión coherente, clara y estratégica, lo cual ha provocado un panorama institucional complejo que dificulta la coordinación, planificación y ejecución de las políticas públicas, así como ineficiencias y duplicidades estructurales que comprometen la evaluación de resultados», afirma la Contraloría General de la República.
¿Cómo no?, preguntarán los observadores de la política nacional, si tenemos la ilusión de responder a cada reto con una nueva institución o, en su defecto, con una ley. La reactivación económica es una de las preocupaciones del momento y existe una agenda clara para impulsarla, comenzando por el equilibrio de las finanzas públicas y la reducción de las barreras a la producción, desde las tarifas eléctricas hasta la tramitomanía. Menos claro es el aporte de la última institución ideada en la Asamblea Legislativa: el Consejo Nacional de Productividad y Competitividad (CNPC).
Precisamente, a ese proyecto de ley se refiere la crítica de la Contraloría. Se trata de una nueva entidad, compuesta por tres órganos: un Comité Asesor Estratégico integrado por expertos en tecnología, innovación, digitalización y simplificación de trámites, entre otros; un Comité Ejecutivo integrado por el presidente, los vicepresidentes y diez miembros del gabinete; y una Secretaría Técnica dependiente del mandatario.
El CNPC brindaría asesoría y seguimiento a las políticas públicas promotoras del desarrollo y procuraría consolidar una estrategia para mejorar la productividad, partiendo de la innovación y el desarrollo de talento.
Según la Contraloría, la nueva entidad requeriría de un aumento del gasto y del aparato estatal. La diputada liberacionista Silvia Hernández, promotora del proyecto, lo niega, porque los expertos del Consejo Asesor trabajarán «ad honorem» y solo el secretario ejecutivo tendría salario. Así, está planteado el proyecto, pero esa no es la dinámica de crecimiento del Estado costarricense, donde la creación de una estructura siempre invita a encontrar formas de llenarla.
No obstante, más allá del costo, hay preguntas relevantes sobre su función. Un consejo «ad honorem», creado con los fines descritos, es también una invitación para la defensa de intereses particulares y gremialistas con la intención de incorporarlos a las políticas públicas e, incluso, al Plan Nacional de Desarrollo. La estructura corporativa del Estado ha demostrado ser un impedimento para la dinámica económica y no un incentivo. La ley impone al gobierno la obligación de atender y, en su momento aplicar, bajo supervisión de la secretaría general, las políticas definidas por el Comité Asesor.
Por otra parte, hay razones para cuestionar el papel del Ministerio de Planificación cuando vitales aspectos de su función serán también tratados en un «gabinete bis», donde seguramente participará su titular, pero habrá influjo de otros actores, incluido el impulso de expertos carentes del compromiso formal con la función pública dada su condición de asesores «ad honorem».
El gobierno puede y debe asesorarse con talentos de la academia y el sector privado. También tiene obligación y necesidad de escuchar las prioridades de los sectores productivos y responder a sus necesidades, pero eso no requiere de una nueva institución ni de crearle al gabinete funciones redundantes.
Tampoco es prudente crear las oportunidades de interferencia en el diseño y ejecución de la política pública de una entidad con fines y facultades fijadas por ley cuando existen otras con los mismos objetivos. La reactivación económica urge y es indispensable promoverla por las vías más directas y eficaces.
