Editorial

Editorial: Un acta reveladora

Acrecentar el poder de los alcaldes, mejorar sus salarios, abandonar la supuesta actitud defensiva y exigir respeto al Congreso figuran entre los objetivos

Faltaban un par de semanas para el estallido del caso Diamante cuando los alcaldes se congregaron para celebrar una sesión conjunta de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) con la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI). El acta del encuentro, divulgada la semana pasada, es un documento aleccionador sobre la necesidad de examinar con detenimiento el régimen municipal y poner coto al creciente poder de sus jerarcas.

El documento refleja las discusiones sobre los pasos para descarrilar, con ayuda de “diputados amigos”, el proyecto de ley contra la reelección indefinida, pero también abre una ventana para atisbar las preocupaciones y ambiciones de los gobernantes locales, por ejemplo, la disconformidad con la reforma fiscal del 2018 va mucho más allá de la regla fiscal. Los alcaldes dieron una lucha abierta, junto con sus aliados en el Congreso, para eximirse de la medida de austeridad y disciplina en el gasto público. Lo lograron, así como el relajamiento de varios controles; sin embargo, han sido más discretos a la hora de plantear el enojo por la limitación de sus salarios contenida en la misma ley.

En la privacidad de la cita municipal, Gilbert Jiménez y Roberto Zoch, alcaldes de Desamparados y Moravia, respectivamente, se hicieron abanderados de la causa y el primero llegó a afirmar que si por él fuera no ocuparía el cargo, “porque salarialmente no llega a compensar el sacrificio y el trabajo”. No aclaró las razones de su anuencia a continuar, pese al salario de apenas ¢4 millones.

Jiménez ganaba ¢4,5 millones antes de su reelección en el 2020. Cuando se postuló, sabía que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas dejaba el salario en ¢4 millones a partir del siguiente período. En el caso de Zoch, también reelegido en el 2020, el ingreso cayó de ¢5,2 millones a ¢4 millones, pero en las alcaldías hay sueldos hasta de ¢9 millones.

“Cuando pasa la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, resulta que a la mayoría nos bajaron los salarios, nos bajaron el porcentaje de la prohibición… porque determinaron que no tenemos continuidad”. De esas palabras se desprende un reclamo de continuidad de los beneficios laborales mientras el alcalde consigue la reelección, con lo cual no habría sido posible imponer los límites salariales de la reforma fiscal a unos 50 gobernantes locales. La continuidad no existe precisamente porque a los alcaldes se les elige por un período de cuatro años, al cabo de los cuales termina su ejercicio y un futuro mandato depende de las urnas.

Jiménez apuntó a las soluciones para semejantes problemas: “Nosotros somos el 3% del presupuesto público del país y es, en esto, en lo que hoy vemos una gran urgencia de lograr mucho más poder, muchos más recursos, actividades y descentralización”. Zoch no pudo estar más de acuerdo. Según su criterio, los alcaldes han sido muy “pasivos”, lo cual ha afectado sus “derechos”. Los diputados, dijo, “han sido inútiles” a la hora de ayudarles y no les muestran respeto.

“Dediquémonos a atacar como régimen municipal, a defender lo nuestro, pero también a conseguir victorias mucho más grandes, porque las victorias han sido defender lo que han otorgado por ley”, manifestó el alcalde de Moravia. Zoch insistió en que han sido muy “pasivos”, y eso ha afectado sus “derechos”. Por eso, llamó a “no solo defender” sus derechos, “sino también a conseguir nuevos derechos” y a “decir a la próxima Asamblea Legislativa ‘señores, no vamos a quedarnos cuatro años más defendiéndonos, vamos por una descentralización’”.

El discurso de los dos alcaldes revela ambiciones económicas y políticas desorbitadas, pero la característica más sobresaliente es la seguridad de perpetuarse en el cargo. Ninguno habló de un programa para los próximos dos años, límite del actual período, sino de previsiones con mayor alcance. Acrecentar el poder, mejorar los ingresos, abandonar la supuesta actitud defensiva y poner orden en el Congreso, no entre el presente y los comicios municipales del 2022, sino mucho más allá. Son temas de los cuales no se habla tan descarnadamente frente a los electores. Por eso, el acta de la reunión a puerta cerrada resulta invaluable.