EscucharLa Cancillería costarricense no demoró la crítica sobre la muerte en la cárcel La Modelo de Tipitapa, Managua, de Eddy Antonio Montes Praslín, preso político de 57 años. La oposición rechaza las explicaciones del régimen de Daniel Ortega y califica lo sucedido de asesinato. La Policía Nacional y el gobierno hablan de un enfrentamiento entre los prisioneros y sus custodios. Un forcejeo, dicen las fuentes oficialistas, culminó con el disparo mortal. Testigos hablan de más de un disparo.
Lo cierto es que no hay motivo para la detención de Montes Praslín y sus compañeros de presidio político. Así lo señaló nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores en su oportuno comunicado: “Como suele ocurrir en regímenes autoritarios, en ocasiones los opositores son acusados de graves delitos comunes o incluso de terrorismo, que son las mismas acusaciones por las que guarda prisión la periodista nicaragüense y costarricense Lucía Pineda, desde el 21 de diciembre pasado”.
La ilegitimidad de la detención de Montes Praslín echa por tierra los alegatos orteguistas frente al trágico desenlace: “La muerte de un ciudadano, preso por participar en las protestas antigubernamentales para exigir democracia y libertades, es parte de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas contra el pueblo nicaragüense”, dice con firmeza nuestra Cancillería.
La reacción del gobierno nicaragüense tampoco se hizo esperar. Es digna de un sitio de honor en la era de la posverdad y la “realidad alternativa”. Es Costa Rica, no Nicaragua, la responsable de atropellar los derechos humanos. Como prueba de esa afirmación, la Cancillería del país vecino cita las muertes del dirigente indígena Sergio Rojas Ortiz, el 19 de marzo, en Buenos Aires de Puntarenas, y los homicidios del ambientalista Luis Diego Saborío González, en el 2014, en Cutris de San Carlos, y del ambientalista Jairo Mora, el 31 de mayo, en Limón.
En Costa Rica, dice el régimen nicaragüense, los líderes indígenas, sociales y ambientales “sufren constantes y sistemáticos atropellos a sus derechos humanos, incluyendo las pérdidas de vidas”. No vale la pena puntualizar las diferencias entre los tres homicidios citados y la sangría perpetrada en Nicaragua. La verdad es conocida a ambos lados de la frontera y mucho más allá.
Al canciller nicaragüense, Denis Moncada, se le ha hecho costumbre lanzar cargos de ese tipo contra Costa Rica. Durante la XXVI Cumbre Iberoamericana afirmó que nuestro país estaba “ardiendo” en huelgas, con “represión policial por doquier, muertos y heridos durante las protestas cívicas" del "pueblo sin armas reclamando justicia social”. Incluso se unió al ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, para ofrecer la mediación de Nicolás Maduro en los conflictos laborales de nuestro país. Quizá pronto nos ofrezcan asesoría en materia electoral y libertad de prensa.
El ridículo intento de empate en materia de derechos humanos viene acompañado de un argumento muy socorrido por regímenes autoritarios convencidos de su derecho a hacer su voluntad sin ser molestados. Es el argumento de la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados. Como lo señalamos cuando Venezuela anunció su retiro de la Organización de Estados Americanos para protestar por la “injerencia” de esa organización en sus asuntos internos, Costa Rica no ha mordido ni debe morder ese anzuelo. La no injerencia no significa el abandono de un pueblo hermano a su mala suerte ni tampoco la indiferencia frente a la tortura y el asesinato.
