Editorial: Nombramientos en la Cancillería

Según la exministra, las funcionarias designadas nunca habían trabajado con ella. Las conoció a partir de los nombramientos, planeados antes del traspaso de poderes. “Muy claramente, la asesoría jurídica le dio el marco jurídico al presidente electo sobre cuáles eran los puestos de confianza. Don Carlos ha actuado con base en los criterios jurídicos. Con esa asesoría, el presidente me pasó los puestos y se realizaron los nombramientos”, afirmó.

La confesión es pura y simple. El presidente decidió los nombramientos antes de la juramentación, pero recibió mala asesoría jurídica. Eso lo sabemos porque la Procuraduría General de la República estableció, con toda claridad, la necesidad de ajustar las designaciones a los requerimientos del Estatuto de Servicio Exterior.

El siguiente paso, según Campbell, fue trasladar las “propuestas de nombramiento” al Departamento de Recursos Humanos de la Cancillería, donde validaron, de nuevo con mal criterio, los requisitos técnicos y legales de las funcionarias. Así, ella terminó, sin culpa alguna, con dos cuadros del Partido Acción Ciudadana (PAC), ayunos de los requisitos establecidos por ley, en cargos clave del Ministerio cuya conducción aceptó, no obstante su escasa participación en los nombramientos.

La narrativa es tan clara que se dificulta comprender por qué, cuando se le preguntó directamente sobre el origen de las recomendaciones, se limitó a decir “muchísimas gracias” antes de retirarse con premura. La única explicación es que Campbell sepa quiénes recomendaron las designaciones al presidente y entendiera que se le preguntaba por ellos porque acababa de despejar toda duda sobre el origen de las “propuestas de nombramiento”.

Las declaraciones siembran duda sobre la transparencia de la administración, el papel del presidente y la candidez de sus explicaciones. El mandatario nunca admitió la autoría de los nombramientos en consonancia con la versión de Campbell. Tampoco mencionó la asesoría legal recibida antes de asumir el cargo.

Esa asesoría jurídica también fue puesta en tela de juicio por la exministra. No la identificó en concreto, pero es necesario darla a conocer en aras de la transparencia. Si el presidente, desde el momento de su elección tomó decisiones basadas en el criterio vertido por esos asesores, sus nombres no deben permanecer en el misterio.

La aptitud del Departamento de Recursos Humanos de la Cancillería también está en duda. Por ahí pasaron las “propuestas” de la Casa Presidencial y fueron validadas por su supuesta conformidad con los requisitos técnicos y legales de las funcionarias. Otro tanto puede decirse del Departamento de Leyes y Decretos de la Presidencia, no porque Campbell lo haya recordado, sino porque la Casa Presidencial dijo haber sometido los acuerdos a su revisión.

Quizá sin advertirlo, la excanciller apuntó un dedo acusador a sí misma. Aceptó el cargo sin participar en dos designaciones clave: directora y directora alterna de política exterior. Según las justificaciones de los nombramientos, salidas de la Casa Presidencial cuando defendía el derecho a tratarlos como cargos de confianza, son puestos “cercanos al jerarca del Ministerio” y “forman parte del personal de apoyo para cumplir con su proyecto político”.

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Ahora resulta que Campbell ni siquiera conocía a las dos funcionarias y su participación en los nombramientos no pasó de asistir en el trámite. ¿Había proyecto político o comprensión de la política exterior cuando aceptó el cargo sin tener experiencia? ¿Por qué aceptó la designación de dos funcionarias en puestos donde, según la Casa Presidencial, debe haber personas “cercanas al jerarca del Ministerio”? ¿Por qué defendió como personas “de confianza” a dos funcionarias que no conocía? El capítulo no debería cerrarse sin las respuestas necesarias.