EscucharLa crisis del Partido Liberación Nacional (PLN) no quedará resuelta con la renuncia de los miembros de su Comité Ejecutivo. Si la dimisión se hubiera dado hace meses, pudo haberle ganado tiempo a las facciones internas para encontrar los entendimientos necesarios, pero no solo hubo oídos sordos a las demandas de cambio en la secretaría general, sino que la Asamblea Nacional convocada para decidir el caso fue cancelada.
Esa parece haber sido la gota responsable de rebosar la paciencia de la expresidenta Laura Chinchilla. Su inesperada desafiliación del partido desencadenó recriminaciones, realineamientos y, ahora sí, renuncias, incluida la del secretario general Gustavo Viales, extemporánea si tenía el propósito de evitar la crisis.
Pero la Asamblea tampoco habría podido destituir al secretario general porque el único órgano disciplinario del PLN es el Tribunal de Ética, y ese organismo había exonerado a Viales por falta de pruebas que lo vincularan con un sospechoso de narcotráfico, más allá de la breve visita al condominio donde vivía para recoger unos documentos enviados de la zona sur, según las explicaciones del exdiputado.
No había posibilidad de revisar el caso y tampoco pruebas novedosas para fundamentar un resultado distinto. Lo más grave, sin embargo, es la imposibilidad de disponer de un altísimo cargo en la estructura partidaria por simples razones políticas o de conveniencia, a juicio de los órganos más importantes y representativos de un partido político.
El 16 de marzo el Tribunal de Ética y Disciplina, luego de cerrar el caso contra Viales, le hizo un llamado a renunciar de manera voluntaria y definitiva a la secretaría general mientras concluyen las demás investigaciones relacionadas con el caso. “Este Tribunal confía en que el señor Gustavo Viales acatará esta respetuosa solicitud, dando el ejemplo de esta manera para que ante cualquier situación de este tipo, en función de la ética y la imagen del partido, los miembros de diferentes órganos procedan a realizar su renuncia voluntaria cuando estén sometidos a procesos que generan la crítica pública”, dice la resolución.
El secretario general no atendió la solicitud y tampoco la petición de dejar el cargo, formulada el 16 de mayo por el Directorio Político. Cuando estalló el escándalo, el propio Viales se había apartado de las funciones de secretario general y no participó en la campaña electoral, donde su presencia habría sido contraproducente.
Viales también desoyó el llamado de Chinchilla y otros sectores del partido a hacerse a un lado, y no cedió cuando la expresidenta solicitó al Directorio convocar a la Asamblea Nacional. La reunión se fijó para el 6 de agosto, pero en el ínterin hubo consultas con el Tribunal Supremo de Elecciones. La Asamblea, concluyeron las autoridades del partido, no podría remover al secretario general.
La cancelación de la Asamblea excluyó la posibilidad de una votación con fuerza moral suficiente para causar la renuncia o, cuando menos, dejar clara la posición del partido en relación con los cuestionamientos enfrentados por uno de sus más altos personeros. Esa fue una escogencia de la cúpula liberacionista, pero la imposibilidad impuesta por ley y los estatutos de desalojar a un dirigente por razones de conveniencia política equivale a exigir a los partidos arrastrar cualquier lastre que sobrevenga.
El debido proceso, la justificación de las sanciones con prueba convincente más allá de la duda razonable y las demás garantías son conquistas irrenunciables en otros ámbitos, pero un partido político es, por naturaleza, diferente. Y, por esa naturaleza, el peso de la conveniencia política en las decisiones debe ser supremo. Esas decisiones, claro está, no implican condena o reproche más allá de la censura política. Los partidos deberían tener plena capacidad para adoptarlas, so pena de profundizar su generalizado debilitamiento.
