El régimen nicaragüense acaba de ampliar sus recursos represivos con la aprobación de una ley contra delitos cibernéticos cuya más destacada característica es la penalización de la información falsa. Diputados sandinistas y sus aliados formaron una aplastante mayoría de 70 votos a favor de la iniciativa contra 16 legisladores opuestos y 4 abstenciones.
La ley prevé de dos a cinco años de cárcel para quien difunda noticias falsas que produzcan “temor, zozobra o alarma en la población”, perjudiquen el honor, prestigio y dignidad de otras personas o pongan en peligro el orden público o la “seguridad soberana”.
La finalidad represiva de la legislación, como suele ocurrir en regímenes totalitarios, se disfraza con la necesidad de combatir los delitos perpetrados mediante las nuevas tecnologías (hackeo, robo de identidad, espionaje informático, difusión de virus, fraude electrónico) y la de proteger a la ciudadanía de los efectos perniciosos de la información falsa.
La difusión de mentiras por medios electrónicos es una de las grandes preocupaciones de nuestros tiempos. Paradójicamente, las más afectadas son las sociedades abiertas y democráticas, pero en ellas a nadie se le ocurre regular la verdad. Por el contrario, las democracias modernas están dispuestas a tolerar un grado de falsedad en el debate público a cambio de garantizar su amplitud y vigor.
En cambio, los regímenes autoritarios se muestran obsesionados por tutelar la “verdad” como medio para imponer una sola versión de los hechos, naturalmente, la suya. Quien ofrezca otra perspectiva miente, crea confusión y pone en peligro la seguridad del Estado. Erigido en juez de la verdad, el Estado no puede evitar transformarse en rector de la información y el debate. Esa es la intención de Daniel Ortega.
Las democracias entienden que la verdad es escurridiza y a menudo se presenta borrosa o incompleta. Por eso, ni la misma ciencia se atreve a postular verdades absolutas y sus hallazgos siempre están a la espera de prueba en contrario. Así como en la ciencia toda verdad es provisional, en la democracia toda verdad es discutible. En el autoritarismo, por el contrario, la verdad es una y quien se aparte de ella merece castigo.
La nueva ley nicaragüense no es, en realidad, para combatir los delitos cibernéticos, sino para crear uno en particular: la difusión de noticias falsas. Otros países, incluido el nuestro, han legislado sobre el crimen electrónico sin necesidad de establecer una trampa para la libertad de expresión.
Países de avanzada, como Estados Unidos y España, se resisten a aceptar la verdad como requisito de la buena fe de una información aun en casos por faltas contra el honor. En el primero, la sentencia de Sullivan contra The New York Times exime de responsabilidad a quien haya informado sobre un funcionario sin malicia real, es decir, sin conocimiento de la falsedad de lo publicado y sin temerario menosprecio por la verdad. En el segundo, los tribunales han desarrollado la teoría de la veracidad ex ante para proteger la información, “aunque resulte inexacta”, si quien la difunde tuvo razones para representarla como cierta.
Con la ley de delitos cibernéticos, Nicaragua va a contracorriente del mundo democrático y la dictadura de Ortega pretende afianzar su control absoluto mediante la supresión de la valerosa labor de periodistas y medios dispuestos a arriesgar su integridad física y libertad para informar a sus conciudadanos. Nos unimos a la protesta internacional contra este nuevo atropello a los derechos humanos en la nación vecina.
