EscucharCualquier duda medianamente razonable que pudiera existir ha quedado totalmente despejada: la verdadera conspiración urdida alrededor de las elecciones presidenciales de Estados Unidos fue la de Donald Trump y sus secuaces incondicionales. Su objetivo: burlar la voluntad soberana de sus conciudadanos para mantenerse en el poder.
Primero, este grupo se empeñó de manera sistemática en crear dudas sobre el proceso de la votación en sí; luego, en negar la clara y contundente victoria de Joe Biden y en tratar de revertirla mediante una fuerte e ilegítima presión sobre tribunales, autoridades electorales estatales y el Departamento de Justicia para frenar el procesamiento de los votos.
Cuando estas estratagemas fallaron, gracias a la fortaleza de las instituciones democráticas, la independencia de los jueces y la rectitud de los funcionarios, la estrategia fue aún más destructiva: pasar a los hechos mediante el estímulo de la violencia, que se tradujo en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, cuando el Congreso debía certificar oficialmente los resultados.
Lo que ocurrió entonces fue una insurrección sediciosa sin precedentes. No solo puso en riesgo la integridad de la República, sino también la seguridad de congresistas y senadores, y la vida del vicepresidente Mike Pence, a quien le correspondió dirigir la sesión legislativa; además, se tradujo en un policía muerto, 150 heridos y decenas de detenidos.
Toda esta trama fue desvelada, paso a paso y con lujo de detalles, gracias al impecable trabajo de un comité especial de la Cámara de Representantes establecido para investigar los hechos, en el que, salvo dos de sus representantes, el Partido Republicano se negó a participar.
El jueves, con la octava, concluyeron las audiencias públicas antes del receso de verano. Su labor, sin embargo, no ha terminado. Durante setiembre, el grupo de nueve miembros trabajará en la redacción de un informe preliminar que será divulgado en octubre. Luego, vendrán más sesiones y el informe final, en diciembre, días antes de que tome posesión la nueva legislatura, el 3 de enero del próximo año.
LEA MÁS: Momentos memorables de las audiencias sobre el asalto al Capitolio
La sesión del jueves, transmitida en horario de máxima audiencia por todas las cadenas de televisión —salvo Fox News, plegada a los designios de Trump y la más extrema derecha de su Partido Republicano—, fue contundente. Gracias a los interrogatorios, en directo o en diferido, con cercanos colaboradores de Trump y respetados oficiales militares, a grabaciones de conversaciones de ese día, videos de los hechos y fragmentos de documentos, fueron conocidos o reafirmados aspectos fundamentales de la conspiración antidemocrática, que se añaden a muchos otros expuestos en sesiones precedentes.
Ese 6 de enero del 2021, mientras la violencia se desarrollaba en las escalinatas y el interior del Capitolio, Trump desoyó los pedidos desesperados de familiares y estrechos colaboradores para que pidiera a sus partidarios desistir de la violencia. En su lugar, se mantuvo más de una hora observando el lamentable espectáculo por Fox News, a pesar de los mensajes recibidos en la Casa Blanca sobre el peligro para la vida de Pence y de sus guardaespaldas. Incluso, al día siguiente, se negó a declarar que el proceso electoral había concluido, y jamás ha reconocido el triunfo de Biden.
Por todo lo anterior, el comité concluyó que Trump incurrió en abandono de su deber como presidente. La representante republicana Liz Cheney fue contundente al decir que Trump optó deliberadamente por “violar el juramento de su cargo, por ignorar la violencia contra las fuerzas del orden y por amenazar” el “orden constitucional”, y llamó entonces a sus conciudadanos a considerar si a tal personaje puede confiársele nuevamente “cualquier posición de autoridad”.
El representante demócrata Bennie Thompson, presidente del grupo, aseveró que Trump intentó destruir las instituciones democráticas y advirtió de que si no se produce rendimiento de cuentas “por cada parte” de ese “esquema” será muy difícil superar el “riesgo aún existente” para ellas.
Las declaraciones de Cheney tocan la dimensión político-electoral del caso, y dependerá de los votantes cerrarle el camino al expresidente para un posible nuevo gobierno. Las de Thompson se refieren a las implicaciones judiciales, y sin duda estuvieron dirigidas al Departamento de Justicia, para que emprenda acciones más determinantes y eventuales acusaciones penales.
Ambas líneas de acción son necesarias. Por el momento, lo revelado por el comité, con la colaboración de decenas de exfuncionarios, la mayoría cercanos a Trump, permitió avanzar en ellas. Aún no puede considerarse que el mejor desenlace se haya producido, pero Estados Unidos está más cerca de él.
