La lista recientemente publicada por el Ministerio de Hacienda no es de evasores. Las empresas incorporadas al documento ni siquiera están señaladas por emplear mecanismos de elusión permitidos por ley. Son, simplemente, grandes contribuyentes que en algún momento en el curso de los últimos diez años declararon no tener utilidades. Algunas pueden haber incurrido en irregularidades, pero la lista no individualiza a ninguna en particular.
La ministra Rocío Aguilar lo explicó desde el primer momento, pero hay sectores decididos a no escuchar. La mala fe y la falta de honradez no desperdician oportunidad para hinchar las velas de agendas políticas e intereses creados. También desempeña un papel la ignorancia. Una diputada no tardó en acudir a las redes sociales para exigir el fin de la “inpunidad”.
Hacienda no ha escatimado esfuerzos para explicar la naturaleza de la lista publicada contra sus objeciones, por orden de la Sala IV. Incluso, los jerarcas del Ministerio ahondaron en las razones legítimas para no declarar ganancias. La primera y más obvia es que no las haya. La falta de utilidades puede deberse a motivos diversos. La ministra enumeró varios, incluido el entorno económico, el costo de las materias primas o problemas de mercado.
También hay razones loables. Una empresa telefónica aparece en la lista por la enorme inversión necesaria para establecerse en el país, crear decenas de empleos, ampliar los servicios disponibles y estimular la competencia en beneficio del consumidor. Una parte de esa inversión engrosa el capital del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) destinado a promover el acceso a la Internet en todo el territorio nacional, especialmente en los centros educativos. Cuando la inversión produzca retornos, la compañía también hará su contribución sobre ellos. Al parecer, tales actos no deben quedar “inpunes”. Ya fueron castigados con la sombra de la duda generada por las distorsiones interesadas.
Otras razones no tienen relación alguna con el negocio y el mercado, sino con las estructura del grupo empresarial. En la lista hay al menos once compañías sin ganancias porque carecen de actividad económica aunque cumplen otros criterios para ser clasificadas como grandes contribuyentes, como, por ejemplo, el valor de sus activos. Es el caso de varios bancos y una empresa cervecera. Según explicó el director general de Tributación, Carlos Vargas, esas empresas, conocidas como holdings, solo tienen la función de ser propietarias de acciones de las compañías de un conglomerado. Estas últimas se encargan de desarrollar actividades económicas y pagar ríos de impuestos. Pero, suponemos, eso no debe quedar “inpune”.
En el 2014, Grupo Nación S.A. declaró no tener ganancias. La Nación S.A. hizo lo mismo en el 2014 y el 2015. Eso nunca había sucedido ni volvió a suceder. El ejemplo de las empresas vinculadas con este diario es estupendo porque reúne dos de los motivos reseñados para justificar la falta de ganancias de un gran contribuyente: el entorno de una industria y el loable esfuerzo de transformarse, diversificar e invertir en Costa Rica.
Los diez años comprendidos por el documento de Hacienda coinciden, exactamente, con el periodo más crítico en la historia de los medios de comunicación, en especial los escritos. Muchos periódicos han desaparecido por el impacto de las nuevas tecnologías. Solo los que sean capaces de adaptarse saldrán adelante. La publicidad ha ido migrando hacia la web, en particular los monstruos transnacionales como Google y Facebook. En la década, los periódicos de Estados Unidos perdieron alrededor del 40 % de sus ingresos por publicidad. El New York Times, estándar de la industria, declaró pérdidas en varios periodos de los últimos diez años.
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Nuestro país no está al margen de la tendencia mundial. En el 2014, los ingresos de La Nación cayeron en $5 millones en relación con el año anterior y del 2014 al 2015 decrecieron en más de $12 millones. La empresa enfrentó la crisis con difíciles y urgentes medidas. El 12 de noviembre del 2014 anunció el cierre del periódico Al Día y la revista Su Casa. También dio por concluido el periodo de prueba del diario Ahora y otras publicaciones, como la revista Soho, salieron de circulación. La estrategia fue concentrar esfuerzos en las publicaciones más exitosas y rentables y lanzarlas a la conquista del mundo digital. La medida más dolorosa fue la reducción de personal, cuyas liquidaciones, hechas con estricta fidelidad a las leyes laborales, acrecentaron las pérdidas del periodo.
Pero la concentración de esfuerzos en el corazón del negocio y la adaptación de los medios más exitosos a las nuevas circunstancias no basta. Grupo Nación debía diversificarse y en lugar de echar atrás, renovó su compromiso con Costa Rica mediante una multimillonaria inversión, hecha en momentos difíciles, para garantizar el futuro cumplimiento de la misión de los medios del grupo, contribuirle al país nuevos puestos de trabajo y generar tributos, tanto en el plano local como en el nacional. La más importante de esas inversiones es el Parque Viva, con $44 millones, además de la Escuela Gastronómica Sabores.
Ya en el 2016, luego del monumental esfuerzo de los dos años anteriores, las empresas del Grupo Nación volvieron a declarar utilidades sin sospechar siquiera que en algún momento la Sala Constitucional ordenaría publicar la lista de empresas que no las hayan reportado. No nos hacemos ilusiones. Ni las explicaciones de Hacienda ni este editorial surtirán efecto alguno sobre quienes no muestran interés en saber porque tienen tomada, de antemano, la decisión de condenar y exigir el fin de la “inpunidad”.
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Hacienda informó que 96 empresas de la lista son objeto de gestiones de cobro. En buena hora. Si en alguna de ellas hubiera responsabilidades penales, también es necesario establecerlas, pero la ministra aclaró que la mayoría de las gestiones son, todavía, administrativas, porque las empresas objetan los reclamos. Para Hacienda no es extraño enfrentar a contribuyentes con interpretaciones distintas de las normas tributarias. Es decir, ni siquiera en esos 96 casos hay certeza de evasión.
Pero otras 35 compañías están en la lista sin ser objeto, siquiera, de una gestión de cobro. Entre ellas está La Nación que, gracias a las decisiones oportunas en su momento crítico, reporta ganancias y paga impuestos sobre ellas desde el 2016, como lo hizo siempre antes del 2014.