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El presidente, Rodrigo Chaves, pidió juzgar su política de seguridad pública con base en lo que ocurra este año, porque, según su criterio, la marca de homicidios impuesta el año pasado es responsabilidad de la administración anterior, aunque solo gobernó en el primer cuatrimestre. Los ocho meses restantes, al parecer, fueron de preparación de las acciones necesarias para contener la ola de homicidios.
Llegó enero y se constituyó en el mes más sangriento de la historia. La violencia se hizo evidente desde los primeros días pero, de acuerdo con la definición del propio mandatario, ya no se le puede achacar a la administración Alvarado. Entonces, desde el Ejecutivo cayó un diluvio de señalamientos contra el Poder Judicial por ordenar la liberación de homicidas.
El 12 de enero, el ministro de Seguridad, Jorge Torres; su viceministro, Daniel Calderón, y el presidente Chaves lamentaron la orden judicial de liberar al detenido por un homicidio sucedido pocas horas antes. Al imputado se le impuso la utilización de tobillera electrónica y la obligación de presentarse a firmar semanalmente en el juzgado.
Las redes sociales de los funcionarios se llenaron de comentarios contra los jueces, su menosprecio por la vida humana, la inutilidad de la ley para combatir la delincuencia y una larga lista de insultos contra el Poder Judicial. El mandatario ofreció a la Corte colaborar. “Sé que juntos lo podemos lograr. El pueblo lo espera y lo merece”.
El subtexto es que la ola de homicidios es responsabilidad del Poder Judicial —ya no de la administración Alvarado—, y si se dejara ayudar, el Ejecutivo estaría dispuesto a hacerlo. El planteamiento desplaza la responsabilidad por la violencia a los hombros de jueces y fiscales y, de paso, desprestigia a la Corte en su totalidad.
Ni el presidente ni el ministro dejaron espacio a la interpretación. Al unísono, proclamaron la responsabilidad del Poder Judicial y la frustración del Ejecutivo ante la ola de delincuencia, a pesar de los esfuerzos de la Fuerza Pública, incapaz de compensar las irracionales resoluciones judiciales.
“No podemos seguir así. La policía capturándolos y el Poder Judicial liberándolos de manera inmediata. Hay una crisis que no viene de falta de trabajo del Ministerio de Seguridad. Viene de que hay una puerta rotatoria en las Cortes”, dijo el mandatario. “La Fuerza Pública hace su trabajo, duro, esforzado y permanente. Pero no estamos logrando resultados en muchas ocasiones por tanto beneficio que se otorga desde el Poder Judicial a delincuentes que cometen hechos de gravedad”, añadió el ministro.
Torres también demostró su descontento mediante el anuncio de una orden para detener al acusado por estar en condición migratoria irregular. Es un precedente peligroso. Al ministro no le gustó la decisión del juez y la sustituyó por una medida más afín a sus preferencias. El hombre fue puesto a las órdenes del Centro de Detención de Migración, donde pronto lo liberaron por respeto al proceso judicial.
La ofensiva retórica terminó al día siguiente, cuando se supo que el juez liberó al detenido en vista de fuertes indicios de legítima defensa. Entre los elementos de prueba hay un video y quizá más bien pecó de exceso de cautela con la imposición de la tobillera.
Los jueces y fiscales no cambian con el gobierno. Son los mismos de varias administraciones anteriores y estaban en sus cargos el año pasado cuando, según criterio de la actual administración, la responsable del récord de homicidios fue su predecesora, no el Poder Judicial. Por otra parte, jueces, fiscales y leyes han cambiado poco desde la administración Chinchilla, cuando políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo lograron una significativa reducción de la tasa de homicidios sin deslegitimar a la judicatura. Encontrar ese camino será cada vez más difícil si el esfuerzo se concentra en desplazar responsabilidades.
