La Municipalidad de Alajuela es el ejemplo más asombroso del festival de dietas pagadas a regidores y síndicos en el país, en muchos casos, por su sola presencia en las sesiones del Concejo. Los concurridos encuentros reúnen entre 45 y 50 personas cuyos ingresos van de ¢400.000 a ¢1,6 millones mensuales por asistir a seis sesiones.
La asistencia y el costo de remunerarla compiten con ventaja frente a la Asamblea Legislativa si se toman en cuenta las responsabilidades y la extensión de la jornada. Los regidores suplentes, por ejemplo, ganan ¢800.000 mensuales por las seis sesiones. Si sesionaran tanto como el Congreso, sus remuneraciones se acercarían a las de los diputados.
El mismo razonamiento, aplicado a los regidores propietarios, con ¢1,6 millones por las seis sesiones, hace palidecer las dietas de los legisladores. Los propietarios tienen la función de votar y, cuando lo estiman necesario, intervienen en las discusiones, pero los suplentes obtienen la dieta con su mera presencia.
Los síndicos propietarios ganan igual que los regidores suplentes (hasta ¢800.000 mensuales) y a la vez sus suplentes obtienen ¢400.000 por las seis sesiones. Las multitudes, como la reunida en Alajuela el 23 de junio, con 11 regidores propietarios, 11 regidores suplentes, 14 síndicos propietarios y 14 síndicos suplentes terminan costando a los alajuelenses hasta ¢43,2 millones mensuales.
La mitad de los congregados no necesitan hablar ni votar, porque su función es, exclusivamente, sustituir a los propietarios cuando se ausentan. No sería difícil encontrar formas de llenar las ausencias sin tener a todos los suplentes reunidos por si ocurren, pero el Código Municipal dispone el pago cuando asisten a las sesiones aunque todos los propietarios se presenten. Eso es lo usual porque, entre otras razones, tienen el incentivo de ganar más de cinco veces el salario mínimo de un funcionario por una fracción de la jornada.
Las dietas varían en cada cantón, pero la asistencia es igualmente nutrida y la necesidad del gasto, mayor o menor, es también discutible. En San José, la dieta de un regidor propietario es de ¢183.000 por sesión; en Escazú, ¢219.000; y en Belén, ¢178.000. Las sesiones municipales costaron a los contribuyentes ¢5.427 millones en el 2021.
La irracionalidad del gasto no se limita a la desproporción en relación con la remuneración de cargos de mayor responsabilidad y consecuencia o el pago por la mera asistencia de personas que no están obligadas a mover un dedo para ganarse la dieta. Las remuneraciones tampoco guardan proporción con el grado de desarrollo del cantón, el presupuesto municipal comparado con el de otros concejos, la población u otros parámetros.
Los concejos fijan sus dietas y en algunos casos, como el de Belén, los aumentos toman un ritmo totalmente desvinculado de la realidad económica. Entre el 2019 y el 2021, años de baja inflación, el gasto en dietas aumentó un 180% en la Municipalidad de Belén, y pasó de ¢40 millones a ¢97 millones. El monto palidece frente al de otros concejos, pero el aumento no deja de ser caprichoso. Por comparación, en el 2021, Alajuela gastó ¢543 millones en dietas; San José, ¢435 millones; Desamparados, ¢261 millones; San Carlos, ¢246 millones; y Heredia, ¢218 millones.
Según el Código, los concejos pueden aumentarse hasta un 20% anual si su presupuesto crece como mínimo en esa medida. Las demás retribuciones son porcentajes de las dietas de los regidores, con lo cual el aumento beneficia a decenas de personas. En Alajuela más bien se consideran, de alguna forma, austeros, porque las jugosas dietas no son actualizadas desde el 2018 y tampoco van acordes con el crecimiento del presupuesto. Parece imperativo hacer una revisión del Código Municipal.
