La discrecionalidad que tienen los regidores para fijarse a sí mismos las dietas por asistir a los concejos municipales ha creado situaciones absurdas en este gasto público.
Existen regidores que ganan mucho más que los directivos de instituciones públicas con presupuestos muy superiores a los de una municipalidad.
Por ejemplo, los ediles del cantón de La Unión, Cartago, perciben ¢114.200 de dieta en un ayuntamiento con presupuesto de ¢9.400 millones, mientras que los miembros de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) devengan ¢90.000, aunque deben velar por un presupuesto de casi ¢1,3 billones (millones de millones).
Ni siquiera la Municipalidad de Alajuela, la que ofrece las dietas más sustanciosas de todo el país, se acerca a la cantidad de presupuesto y responsabilidad financiera que tiene el INS. El gobierno local alajuelense paga ¢268.000 por sesión con un presupuesto de ¢37.500 millones.
El Banco de Costa Rica (BCR), con un plan de gastos de ¢428.000 millones, paga ¢209.000 de dieta a sus directivos, mientras que la Municipalidad de Escazú premia a sus regidores con ¢219.000, aunque su presupuesto de ¢25.400 millones no equivale ni al 10% de lo que gasta el BCR.
Con los ¢183.000 que gana un regidor de la Municipalidad de San José, en una sesión, alcanza para pagar 3,5 sesiones de un directivo de la Junta de Protección Social (JPS), pese a que los recursos del ayuntamiento capitalino representan una quinta parte de los de la JPS.
El monto de las dietas no es el único sinsentido. Hay municipalidades que gastan hasta el 2,8% de su presupuesto total en el pago de regidores y síndicos, tanto propietarios como suplentes, porque todos ganan con solo asistir, aunque los suplentes no tengan voto y no estén obligados a hablar.
Ese es el caso de la Municipalidad de San Isidro, Heredia, que pese a tener un bajo presupuesto destina este alto porcentaje a su Concejo Municipal. Su dieta por regidor es de casi ¢90.000 y el gasto el año pasado de solo ¢2.615 millones.
Marvin Chaves Villalobos, vicealcalde de San Isidro, reconoció este gasto. Sin embargo, defendió que el presupuesto ejecutado en 2021 apenas llegó ¢2.615 millones, de los que ¢71 millones fueron para el pago de dietas, por lo que ese monto significó un mayor porcentaje de presupuesto que lo que representaría para gobiernos locales con más margen de gastos.
En Poás, Alajuela, y San Rafael, Heredia, el 1,9% del gasto ejecutado se destinó a los miembros del concejo municipal el año pasado.
Heibel Rodríguez, alcalde de Poás, explicó que son los regidores y síndicos los que se aumentan sus pagos, y aseguró que esta situación lleva varios años siendo así.
Por el contrario, en San José y Cartago, que figuran entre los municipios con más presupuesto, se destina el 0,7% y 0,8%, respectivamente, a la partida de dietas.
El gobierno local que menos dinero destina a dietas es Río Cuarto, Alajuela, seguido de cerca por Turrubares, provincia de San José.
La otra inconsistencia que carece de lógica son las municipalidades con un índice de desarrollo (IDH) medio que pagan dietas más altas que ayuntamientos con alto desarrollo.
Por ejemplo, San Pablo de Heredia paga por dietas ¢46.200 y posee un alto índice de desarrollo (0.892), mientras que el Concejo Municipal de Alajuela vuelve a quedar en evidencia, ya que este cantón tiene un IDH de 0.831 y se permite pagar el monto más alto entre todas las municipalidades.
Goicoechea, Desamparados y San Carlos, con desarrollos medios, pagan mejor que Santa Ana, con un desarrollo alto.
Reforma necesaria
Todas estas diferencias tienen un punto de origen, el Código Municipal, creado a finales de la década de los 90. Esta norma permite aumentos anuales de hasta 20%, los cuales pueden ser propuestos y aprobados única y exclusivamente por los propios miembros de los Concejos Municipales.
Si al costo de los concejos se le suman los salarios de la administración y de la planilla de cada gobierno local, el pago de remuneraciones se eleva más y requiere la toma de más recursos de los contribuyentes, los cuales más bien podrían ir dirigidos a inversión cantonal.
Las propuestas legislativas para cambiar el pago de dietas municipales no han faltado, como tampoco lo han hecho las negativas. En el 2019, la entonces diputada Paola Valladares Rosado, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó el expediente 22.622 con el fin de poner un freno a las desigualdades e incongruencias entre las dietas de los 82 concejos municipales.
Esta iniciativa buscaba que los montos que se devengan no excedieran el 5% del monto total establecido por concepto de dietas mensuales a los diputados en la Asamblea Legislativa, lo que obligaría a los gobiernos locales a tener dietas menores de ¢240.000.
Sin embargo, el plan no contó con suficiente apoyo y los legisladores de la comisión de gobierno terminaron archivándolo.
