La arrogancia, inconsciencia y conocida irresponsabilidad del sindicato de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), acogidas con temeridad y sin razón lógica por el Juzgado de Trabajo de Limón, paralizó el flujo de caja de la institución y la puso en camino a la insolvencia financiera. Como resultado, no solo están en riesgo la operación de sus muelles y sus obligaciones con los proveedores; más serio e injustificable aún, ha debido suspender el pago de prestaciones a centenares de trabajadores cesados a causa de la reestructuración y también peligra el pago del próximo salario de los que están activos.
Se trata de una crisis de enorme magnitud. Bajo ningún concepto puede defenderse como la reivindicación de un percibido “derecho” laboral. Más bien, estamos ante una virtual vendetta del sindicato contra la fuente de trabajo de sus afiliados y también contra el país. La actitud de los dirigentes, acostumbrados a las prebendas y la impunidad, no sorprende, pero sí resulta inaceptable que un juzgado se haya prestado para tan peligroso juego, de manera totalmente innecesaria para proteger un bien jurídico.
El origen del caso se remonta al 2002, cuando la renegociación de la convención colectiva condujo a que la Junta Administrativa y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica se comprometiera a aumentar en dos puntos porcentuales, hasta el 8 %, el aporte patronal al fondo de ahorro de los empleados. El incremento quedó sujeto a cargarlo a las tarifas portuarias. Sin embargo, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) lo desaprobó y, el 2006, el aporte regresó al 6 % original. Alegando incumplimiento, el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) planteó una demanda en el 2013 por una presunta deuda de ¢5.283 millones. El caso fue fallado en primera instancia a favor de los demandantes, pero actualmente está pendiente una apelación ante la Sala II. Lo que esta resuelva deberá ser acatado por las partes.
Es evidente que, de perder la apelación, la institución hará frente al eventual pago y que, incluso si no existiera el dinero respectivo en sus arcas, el Estado deberá actuar solidariamente y asumir la obligación. Por esto, no tenía fundamento alguno solicitar un embargo de cuentas para “garantizar” un pago potencial; menos aún, acceder a la petición y decretar una medida cautelar, como hizo el juzgado limonense. Y para rematar la temeridad de las decisiones judiciales, el lunes 18 un juez del Primer Circuito Judicial de Limón rechazó de plano la apelación de esta medida cautelar.
Como resultado de lo anterior, no solo fue embargada una cuenta en el Banco de Costa Rica con fondos suficientes para enfrentar el posible desembolso de ¢5.283 millones, también se procedió a embargar las de los bancos Popular y Nacional, clara señal de que, lejos de proteger un derecho laboral potencial, el fin deliberado es golpear a Japdeva. Pero, en primer lugar, los afectados son sus propios empleados.
Aunque en la primera quincena de mayo la entidad logro “raspar la olla” y pagar a sus empleados, no pudo pagar las prestaciones a los trabajadores que, tras la reducción de operaciones, se acogieron a distintas opciones de salidas ofrecidas por la ley de transformación de Japdeva. Y el futuro inmediato se ve aún más turbio.
Con actitudes como esta, nuevamente, se ha puesto de manifiesto no solo la inconsciencia de los dirigentes sindicales, sino también el desdén y falta de solidaridad con sus propios compañeros y el nulo sentido de responsabilidad por la suerte de la institución que les da trabajo. Por algo Japdeva se volvió inviable. Esperamos que logre superar pronto esta coyuntura y que, al fin, pese a los dirigentes y quienes los acuerpan irresponsablemente, logre transformarse y salir adelante.
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