Editorial

Editorial: Gobierno judicial

La conducción del Estado no debe estar en manos de 22 magistrados con interés personal y directo en el rumbo definido. Por eso es preciso recordar lo sucedido ayer si la Sala Constitucional no evita que se produzcan las consecuencias previsibles.

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La Corte Plena no tiene objeción alguna al plan fiscal mientras sean otros los encargados de pagar la cuenta. Según la respuesta a la consulta enviada por el Congreso, es inconstitucional tocar los beneficios y los salarios del Poder Judicial, aunque sea por la vía indirecta de una regla fiscal diseñada para poner coto al excesivo endeudamiento. Si el crecimiento del presupuesto nacional se contiene, tampoco crecerá el del Poder Judicial.








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