“El Poder Judicial no es una isla (…). Está sometido a la ley y, respetando las singularidades de la administración de justicia –porque la Corte es tan grande que no solo administra justicia– la regulación de estos tópicos (pluses y beneficios salariales) debe ser general para todo el sector público. Eso, lejos de afectar el funcionamiento de este poder, potencia valores del orden constitucional como la igualdad ante la ley y salario igual por trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia”.
La afirmación parece pronunciada por un crítico del más reciente intento de la Corte Plena por sustraerse de las medidas necesarias para contener el gasto público y evitarle al país un descalabro fiscal. Pero no, la pronunció la magistrada Rocío Rojas, de la Sala Primera, cuando los magistrados deliberaban sobre la ley para regular las remuneraciones adicionales al salario base y el auxilio de cesantía en el sector público, en marzo del año pasado.
Entonces, como ahora, la Corte Plena aseguró que los ajustes tramitados por la Asamblea Legislativa afectaban el funcionamiento y organización del Poder Judicial. Como consecuencia de su oposición, la ley requeriría del apoyo de dos terceras partes de los diputados para ser aprobada.
La atomización política del país, reflejada en el Congreso, dificulta alcanzar ese número de votos y la disposición constitucional adoptada en salvaguarda de la independencia judicial se ha convertido en obstáculo para la reforma de los excesos cometidos con las remuneraciones del sector público.
Sí. Por ahora el Poder Judicial es una isla y sus habitantes gozan de ventajas impensables para la mayor parte de la población. La institución se aparta, así, de los principios de igualdad y justicia que deberían animar sus actuaciones y que la magistrada Rojas echó de menos el año pasado.
Tan remota es la isla judicial que los magistrados se oponen a la regla fiscal diseñada para controlar el gasto y limitar el endeudamiento nacional. El galopante progreso de la deuda pone al país en riesgo de una crisis mayor, pero el concepto de las funciones confiadas a la Corte Plena es tan expansivo en el pensamiento de sus integrantes que procuran dictar política fiscal, ya no solo en lo tocante a las remuneraciones, sino también en cuanto al repertorio de medidas a disposición del Ministerio de Hacienda para ordenar las finanzas públicas.
La isla está muy lejos de las costas de la realidad. Está por verse si la oposición de la Corte Plena prevalece, porque la decisión, en última instancia, corresponderá a la Sala Constitucional, cuyos magistrados ya han hecho una distinción entre la afectación de las funciones y organización del Poder Judicial como la entiende la Constitución y la posibilidad de generalizar limitaciones al gasto en pluses.
Un millón más o un millón menos siempre afectará al Poder Judicial, como a toda otra institución, pública o privada, aunque sea en ínfima proporción dado el tamaño del presupuesto total. La pregunta es si el millón existe y podemos gastarlo sin profundizar el endeudamiento y empujar al país hacia un desbocado proceso inflacionario. Si eso ocurre, la Corte Plena entenderá que, en verdad, el Poder Judicial no es una isla, como dijo la magistrada Rojas hace más de un año. El millón valdrá cada vez menos y ningún dictamen de la Corte Plena conseguirá evitarlo. Ese efecto sí será generalizado y, desafortunadamente, afectará primero y en mayor medida a la población más necesitada. Luego vendrá la verdadera afectación del Poder Judicial.